Un juez federal dictaminó que los jóvenes migrantes adultos conocidos como “dreamers” en 19 estados de Estados Unidos quedarán temporalmente bloqueados para obtener un seguro de salud a través del mercado público de la Ley de Cuidado de Salud Asequible de Estados Unidos (ACA por sus siglas en inglés).
El fallo limita una iniciativa del gobierno de Biden para ayudar a los migrantes traídos ilegalmente al país cuando eran niños.
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El juez Daniel Traynor, del Tribunal Federal de Distrito de Dakota del Norte, emitió la orden el lunes desde Bismarck.
La decisión se aplica a los migrantes en 19 estados donde los fiscales generales republicanos demandaron para evitar tener que cumplir con la nueva política.
Ellos citaron preocupaciones sobre los migrantes que posiblemente calificarían para subsidios públicos disponibles para muchas personas aseguradas bajo la ACA.
Los funcionarios estatales del Partido Republicano argumentaron que la regla creada este año por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid de Estados Unidos (CMS por sus siglas en inglés) sería un fuerte incentivo para que los migrantes permanezcan en el país ilegalmente y podría crear costos para los estados.
Argumentaron que tanto la Ley de Cuidado de Salud Asequible como una ley de 1996 prohíben que los beneficios del gobierno de Estados Unidos fluyan hacia los migrantes que viven en el país ilegalmente.
Los “dreamers” son parte de un programa que los hace una baja prioridad para la deportación. Sin embargo, el presidente electo Donald Trump ganó las elecciones del 5 de noviembre prometiendo “el programa de deportación masiva más grande de la historia”. Sucederá al presidente Joe Biden el 20 de enero.
El juez fue elegido por Trump
Traynor, que fue nombrado por Trump durante su primer mandato, concluyó a través de lo que llamó “una inferencia de sentido común” que el acceso a la cobertura subvencionada de la ACA es un poderoso incentivo para que las personas permanezcan en el país ilegalmente, creando un riesgo sustancial de que los estados “sufran daños monetarios”.
El fiscal general de Dakota del Norte, Drew Wrigley, agregó que los contribuyentes estadounidenses, a través del Congreso, determinan cómo el gobierno federal trata a los migrantes que viven en Estados Unidos ilegalmente.
“Y no siempre se presenta de manera amigable y agradable y acogedora, pero habla del acceso a nuestro sistema de salud, el costo de nuestro sistema de salud y la carga para el público estadounidense, el contribuyente”, dijo.
Kansas y Dakota del Norte son los demandantes principales en la demanda presentada en agosto. Se han unido Alabama, Arkansas, Florida, Idaho, Indiana, Iowa, Kentucky, Missouri, Montana, Nebraska, Nueva Hampshire, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas y Virginia.
Con información de AP
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