Una magistrada federal en California emitió una orden judicial exigiendo a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos que detuviera las detenciones de personas sin documentación migratoria sin una orden judicial en gran parte del estado.
Esta decisión se produjo después de una operación en un área agrícola donde agentes federales arrestaron a numerosos trabajadores del campo, incluyendo a un ciudadano estadounidense.
La resolución de la jueza Jennifer Thurston prohíbe además detener a individuos sin una sospecha fundamentada de que carecen de estatus migratorio regular, reseña EFE.
Esta directriz judicial se aplicará a futuras intervenciones de la Patrulla Fronteriza dentro del Distrito Este de California, una jurisdicción que abarca desde Bakersfield, situada al norte de Los Ángeles, hasta la frontera estatal con Oregón.
¿Por qué la jueza de California tomó esta decisión?
En una decisión emitida el martes por la noche, la jueza respaldó al Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW), que había presentado una demanda contra las autoridades de inmigración.
La acción legal se produjo tras las operaciones llevadas a cabo por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) los días 7 y 8 de enero en el condado de Kern, una zona con una importante actividad agrícola.
En la demanda presentada, la UFW y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) alegaron "discriminación racial" durante la operación de los agentes de inmigración.
Señalaron que estos agentes se desplazaron aproximadamente 500 kilómetros, fuera de sus áreas de jurisdicción habitual, para efectuar los arrestos.
En su dictamen de 88 páginas, la jueza Thurston argumentó que "las tácticas utilizadas por los agentes de la Patrulla Fronteriza durante la operación evidenciaron un perjuicio inminente e irreparable para los individuos impactados por la redada".
De acuerdo con EFE, la orden judicial preliminar impide a los agentes de la Patrulla Fronteriza detener a individuos sin una sospecha fundada de que carecen de documentación migratoria y arrestar a personas sin una orden judicial, a menos que los agentes tengan motivos fundados para creer que intentarán fugarse.
La jueza de California impuso nuevos requerimientos para la Patrulla Fronteriza
El juzgado también estableció que la Patrulla Fronteriza tiene que llevar un registro detallado y situación que rodee las detenciones y arrestos que realicen sin una orden judicial dentro del área especificada por la decisión judicial.
“El fallo de hoy afirma la dignidad y los derechos constitucionales de todas las personas”, indicó en un comunicado Bree Bernwanger, abogada principal de la ACLU del Norte de California.
“La Patrulla Fronteriza debe poner fin a sus prácticas ilegales de detención y arresto ya”, añadió.
Las acciones causaron mucha confusión en la comunidad. Los campesinos arrestados fueron trasladados 480 kilómetros al sur, hasta un centro de detención en la frontera de California con México.
Allí, se les negó el debido proceso legal y se les forzó a aceptar una "salida voluntaria" del país.
Como consecuencia de este operativo, al menos 40 residentes del condado de Kern que vivían allí desde hace mucho tiempo quedaron varados en México, lejos de sus familias y de su comunidad.
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