La Corte Suprema de los Estados Unidos (EEUU) levantó la pausa judicial que frenaba las obras del muro fronterizo en el sector de Big Bend, al oeste de Texas.
Con un fallo per curiam de 8 votos a favor y 1 en contra emitido este lunes 9 de noviembre de 2026, el máximo tribunal permitió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) retomar los trabajos de construcción e infraestructura vial en la zona.
La resolución congela la orden preliminar que la jueza federal Kathleen Cardone, de la corte del Distrito Oeste de Texas en El Paso, había emitido el pasado 2 de octubre para detener los proyectos.
Las claves jurídicas del fallo
Para entender el alcance de la decisión y cómo se llegó a este punto, la resolución establece tres pilares fundamentales:
- Uso de la Ley IIRIRA de 1996: el DHS aplicó la Sección 102 de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes (IIRIRA).
Esta norma otorga al Secretario de Seguridad Nacional la facultad de eximir o pausar leyes ambientales y de conservación para acelerar la construcción de barreras en zonas catalogadas como de alto tránsito irregular.
- Límite a las demandas judiciales: la ley estipula que las exenciones solo pueden impugnarse ante los tribunales bajo argumentos estrictamente constitucionales.
La Corte Suprema determinó que el reclamo de los demandantes -basado en la doctrina de «cuestiones importantes»- es un argumento de interpretación legal y no un reclamo constitucional, por lo que desestimó la jurisdicción del tribunal inferior.
- Pausa, no cierre del caso: la Corte Suprema no emitió un fallo definitivo sobre el fondo del litigio. Únicamente concedió la suspensión temporaria (stay) para que los trabajos continúen mientras el Gobierno apela la decisión de fondo.
La jueza Ketanji Brown Jackson fue la única integrante del tribunal que votó en contra de pausar la orden de la jueza Cardone.
Alcance del proyecto en el oeste de Texas
El plan de infraestructura para el Sector Big Bend contempla una inversión y despliegue técnico de gran escala:
- Inversión global: los contratos asignados para el sector ascienden a aproximadamente $7.500 millones de dólares, enmarcados en los fondos aprobados por el Congreso para infraestructura fronteriza.
- Construcción y tecnología: las obras en el sector comprenden alrededor de 341 millas de intervención que combinan muros, barreras vehiculares no continuas y caminos de patrullaje.
- Parque Nacional Big Bend: en la zona del parque nacional (un proyecto de $1,720 millones adjudicado a la firma Southwest Valley), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) especificó que la labor principal abarca 17 millas de barreras vehiculares y 205 millas de vías de acceso para patrullaje, descartando un muro continuo dentro de las áreas protegidas del parque.
- Costo por paralización: en su apelación, la representación legal del Gobierno argumentó que la suspensión de las obras por la orden judicial generaba pérdidas irreparables de unos $500.000 dólares diarios por contratos ya adjudicados.
¿A quiénes afecta esta medida?
| Sector | Impacto directo y posturas |
|---|---|
| Autoridades de control fronterizo | El Gobierno sostiene que las barreras y caminos son prioritarios para reducir el cruce irregular en la región, citando cerca de 89,000 detenciones registradas en el sector en años recientes. |
| Comunidades locales y propietarios | Residentes, rancheros y guías turísticos de la zona de Presidio y Redford expresan preocupación por la pérdida de accesos al río Bravo (río Grande) y la afectación a terrenos privados y sitios históricos como la iglesia de Ruidosa. |
| Organizaciones ambientalistas | Grupos como el Centro para la Diversidad Biológica advierten sobre la fragmentación del hábitat del desierto y riesgos en cañones emblemáticos como el de Santa Elena. La Corte determinó que los intereses de seguridad estatal prevalecen temporalmente sobre las afectaciones ambientales o recreativas. |
| Trabajadores e inmigrantes | Se prevé un incremento en la presencia policial, maquinaria pesada y operativos de vigilancia en los condados texanos de Brewster, Presidio y Hudspeth. |
Reacción política local: la construcción en Big Bend ha generado una oposición bipartidista inusual en el oeste de Texas, donde autoridades locales y legisladores de la región han manifestado preocupación por el impacto en el turismo del parque nacional, motor económico fundamental de la zona.
Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales
Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube
