Un tribunal federal de apelaciones ha desestimado el intento de la Administración del presidente Donald Trump de bloquear el recuento de alrededor de 20,000 papeletas en California.
Esta decisión judicial permite que las autoridades electorales del estado continúen procesando los votos de cara a las importantes elecciones legislativas.
Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos rechazó la solicitud urgente del Departamento de Justicia (DOJ).
El Gobierno federal argumentaba que estas papeletas debían ser apartadas porque pertenecían a personas registradas que supuestamente no eran ciudadanos estadounidenses.
Según información confirmada por la agencia Associated Press (AP) y reportes de El País, dos de los tres magistrados concluyeron que la apelación federal era prematura y no le daba al juez de distrito el tiempo necesario para evaluar el caso adecuadamente.
Esto representa un revés para la estrategia de la Casa Blanca
La disputa legal se intensificó a mediados de octubre cuando el Departamento de Justicia demandó a los funcionarios electorales de California.
La Casa Blanca intentaba forzar al estado a revisar una lista de 20,000 votantes en un plazo de 48 horas y congelar sus votos.
Sin embargo, las autoridades californianas pusieron en duda la fiabilidad de las listas provenientes de Washington.
Informes del condado de Los Ángeles, citados por AP, revelaron que, tras analizar una muestra del listado federal, casi el 40% de los ciudadanos revisados habían nacido en territorio estadounidense y la mayoría ni siquiera tenía historial de votación.
Los representantes del gobierno estatal reaccionaron de inmediato al conocerse la resolución.
"El fallo representa un freno indispensable contra los ataques continuos a la democracia y la Constitución", declaró el gobernador de California, Gavin Newsom, en un comunicado distribuido por medios de comunicación locales como KTVU.
Por su parte, el fiscal general del estado, Rob Bonta, recordó que la Constitución de los Estados Unidos otorga a los estados —y no al Poder Ejecutivo federal— la autoridad para administrar y certificar los procesos electorales.
Próximos pasos en la batalla legal de California
Con el dictamen del Noveno Circuito, el caso regresa al juzgado federal de primera instancia. Allí, el juez de distrito decidirá los méritos de fondo sobre la medida cautelar que solicita el Gobierno federal.
Mientras tanto, las autoridades electorales locales avanzan a paso firme con el recuento oficial para garantizar que cada voto emitido por ciudadanos habilitados sea contabilizado a tiempo.
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