El gobernador de California, Gavin Newsom, ha dado un paso firme al promulgar un nuevo paquete legislativo que limita las acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el estado.
Esta normativa prohíbe el uso de guantes de descarga eléctrica por parte de las fuerzas del orden, impone un impuesto a los centros privados de detención y refuerza los derechos constitucionales de la población frente a las operaciones migratorias federales.
Una prohibición clara sobre los guantes de electrochoque y tácticas de fuerza en California
Entre las medidas más notables, la legislación estatal prohíbe de manera explícita que las fuerzas de seguridad utilicen guantes tácticos de electrochoque, como el modelo CTG-5.
Esta decisión surge como respuesta a la reciente aprobación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que firmó un contrato de 20 millones de dólares para equipar a los agentes de ICE con estos dispositivos que pueden causar descargas dolorosas al contacto con la piel.
Además, California limita el uso de granadas aturdidoras y cargas explosivas durante las intervenciones de control migratorio.
Con esta acción, el gobierno estatal busca eliminar métodos de contención que se consideran desproporcionados y proteger la integridad física de las comunidades.
Impuestos del 25 % a centros de detención y restricciones a agentes en California
El paquete legislativo también ataca la base financiera de la detención migratoria privada.
Newsom ha firmado un nuevo impuesto del 25 % dirigido a las instalaciones privadas que albergan a personas detenidas por ICE, eliminando al mismo tiempo las exenciones fiscales que beneficiaban a estas operaciones comerciales.
Por si fuera poco, la ley prohíbe que cualquier agente de ICE que haya cometido faltas graves en el ejercicio de sus funciones pueda acceder a cargos públicos o cuerpos de seguridad en California en el futuro.
Según reportó la Agencia EFE, citando un comunicado oficial del gobernador Newsom, el mandatario estatal justificó las medidas afirmando: «Trump ha antepuesto sus intereses políticos a la salud, la seguridad y el sustento de las familias estadounidenses. California está tomando medidas para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión de las acciones de control migratorio en nuestro estado».
El derecho a demandar y la reacción del DHS
La nueva legislación otorga a los residentes de California la facultad legal de demandar ante los tribunales a funcionarios gubernamentales —incluidos los agentes federales de inmigración— si consideran que violaron sus derechos constitucionales durante un procedimiento.
La respuesta de la administración federal no se hizo esperar. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en declaraciones recogidas por el portal Politico y difundidas por EFE, rechazó las normativas asegurando que “ningún impuesto impedirá que el ICE deporte a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales”.
Se prevé que el Gobierno federal interponga impugnaciones judiciales para frenar la entrada en vigor de este paquete legislativo.
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