El costo de asegurar un vehículo en California ha alcanzado niveles críticos tras registrar aumentos superiores al 30 % en las tarifas de las principales compañías desde 2022.
Ante este panorama, la asambleísta demócrata Tina McKinnor (Hawthorne) ha presentado un ambicioso proyecto de ley titulado Consumer Driving Data Protection Act.
La iniciativa busca permitir que las aseguradoras utilicen, de forma totalmente voluntaria, la tecnología de telemática para monitorear los hábitos al volante de los 27 millones de conductores con licencia en el estado y ajustar el precio de sus primas en función de su prudencia.
California es actualmente uno de los pocos estados que prohíbe el uso de la telemática para fijar tarifas de seguros en autos particulares, a pesar de que este modelo opera de manera voluntaria en el resto de los Estados Unidos desde hace más de dos décadas.
De aprobarse, la norma mantendría el sistema de cotización tradicional para quienes decidan no ser rastreados, mientras que aquellos que acepten la medición podrían acceder a descuentos personalizados.
Frenadas, velocidad y celulares: ¿Cómo funcionará el rastreo?
El objetivo principal de la propuesta es construir un historial de seguridad individualizado en tiempo real. En la actualidad, las aseguradoras dependen de los registros del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), los cuales solo reflejan las infracciones y accidentes pasados.
Con el nuevo esquema, las empresas recopilarían datos durante un periodo de seis meses a través de aplicaciones móviles, transpondedores u otros dispositivos instalados en el vehículo.
Las tecnologías telemáticas evaluarán métricas clave como:
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Velocidad media y excesos en autopistas.
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Frenadas bruscas o maniobras de riesgo.
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Manipulación del teléfono móvil al conducir: Las aplicaciones detectarán la distracción digital, señalada junto al exceso de velocidad como una de las causas primarias de colisiones mortales.
La asambleísta McKinnor, impulsada por la pérdida de tres amigos en siniestros viales, defiende que la medida busca salvar vidas a través de incentivos económicos positivos.
En el trasfondo económico, el proyecto beneficiaría a la pujante industria de la telemática automotriz, un mercado global que, según Grand View Research, alcanzará los USD 92.000 millones este año y prevé llegar a los USD 270.000 millones para 2033.
El debate por la privacidad: "¿Elegir entre tu intimidad o un seguro pagable?"
El proyecto ha desatado una fuerte oposición por parte de organizaciones civiles. Carmen Balber, directora ejecutiva del grupo de defensa del consumidor Consumer Watchdog, denunció que la iniciativa plantea un chantaje implícito: "Esta ley obliga a los californianos a elegir entre su privacidad y un seguro de auto asequible".
Desde la organización advierten que la ley vulnera las protecciones de la histórica Proposición 103 de 1988 —que exige calificar el riesgo principalmente por los años de experiencia, kilómetros recorridos e historial en el DMV— para reemplazarlo por algoritmos privados o "cajas negras" opacas.
Asimismo, alertan sobre vacíos legales que podrían permitir la divulgación de datos y el riesgo de que los conductores que opten por cuidar su privacidad acaben subsidiando indirectamente las rebajas de quienes aceptan el monitoreo.
Las preocupaciones sobre la privacidad se apoyan en antecedentes recientes en el estado: General Motors aceptó pagar USD 12,75 millones por violar la Ley de Privacidad del Consumidor de California tras vender, sin un consentimiento transparente, datos de conducción recabados mediante su sistema OnStar a corredores de datos.
Frenos regulatorios y objeciones de seguridad
A las críticas de los consumidores se suma la postura reservada del propio Departamento de Seguros de California. El organismo regulador sostiene que el texto actual traslada de forma indebida la responsabilidad del cumplimiento normativo hacia las empresas tecnológicas proveedoras de telemática, restando capacidad de supervisión a la agencia e imponiéndole una carga administrativa desmedida.
Para rescatar la ley, la asambleísta McKinnor se encuentra negociando cerca de 20 páginas de enmiendas con el Departamento.
A pesar de las dudas, defensores del proyecto como Damian Kevitt, fundador de Streets Are For Everyone (quien perdió una pierna al ser arrollado por un conductor distraído), y asociaciones del sector asegurador argumentan que el monitoreo reduce efectivamente los choques hasta en un 20% en flotas comerciales.
Sin embargo, analistas del sector recuerdan que el impacto en las finanzas del usuario no siempre es positivo: datos oficiales del estado de Maryland mostraron que, tras implementar la telemática voluntaria en 2023, solo el 31,2% de los inscritos obtuvo una rebaja, mientras que un 23,6% sufrió un aumento en su tarifa y un 45,2% mantuvo su precio sin cambios.
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