El Gobierno de Trump ha tomado una decisión que genera controversia: destruir anticonceptivos valorados en 9,7 millones de dólares, comprados originalmente por USAID para programas de salud reproductiva en el extranjero.
Los suministros —que incluyen dispositivos intrauterinos (DIU), implantes, inyectables y pastillas— están almacenados en Bélgica y la mayoría no vencen hasta 2028 o incluso 2031, reseña CNN.
A pesar de su vigencia, y de la alta demanda global, se optará por su incineración, lo que costará al menos $167.000 adicionales al erario público.
El argumento oficial, respaldado por el Departamento de Estado, es que muchos de estos métodos son considerados “anticonceptivos abortivos” por la administración actual, una definición que está en el centro de un intenso debate científico, ético y político.
La polémica se agrava por la falta de transparencia: una organización internacional ofreció cubrir el traslado y reempaquetado de los productos, pero la propuesta fue rechazada sin explicación clara.
Mientras tanto, organizaciones como Médicos Sin Fronteras han advertido sobre las consecuencias en países donde estos insumos eran vitales.
Indignación internacional y consecuencias humanitarias
El desmantelamiento de USAID, liderado por el Departamento de Eficiencia Gubernamental, ha paralizado cientos de programas sanitarios.
Según un estudio reciente publicado en The Lancet, estos recortes podrían provocar hasta 14 millones de muertes adicionales para 2030.
Países afectados por crisis como Sudán o la República Democrática del Congo podrían enfrentar aún más dificultades para acceder a servicios básicos de planificación familiar.
Organismos belgas y franceses han intentado mediar, pero hasta ahora sin éxito. Mientras tanto, senadores como Jeanne Shaheen presionan por una legislación que impida la destrucción de anticonceptivos aún útiles.
Controversia en aumento
La controversia sigue creciendo, especialmente al revelarse que más suministros están almacenados en los Emiratos Árabes Unidos sin un plan claro de destino.
El debate no solo pone en juego políticas públicas, sino la salud de millones de mujeres y familias que dependen de estos métodos para planificar sus vidas y prevenir embarazos no deseados en contextos vulnerables.
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