En un movimiento que redefine la relación entre los estados fronterizos y el gobierno federal en Estados Unidos (EEUU), la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, ha promulgado una ley de alto impacto.
Ser trata de la Ley de Seguridad de los Inmigrantes (HB 9).
Esta legislación convierte a Nuevo México en un bastión contra las detenciones migratorias, prohibiendo a todas las entidades gubernamentales del estado operar o colaborar con centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Dicha normativa entrará en vigor el 20 de mayo de 2026, 90 días después de que termine la sesión legislativa el 19 de febrero.
Con esto, este territorio se une a otros ocho estados (como California, Illinois y Nueva York) que tienen leyes de "valores estatales" similares.
Un freno a la detención masiva en 2026
La entrada en vigor de esta ley ocurre en un contexto de presión migratoria sin precedentes.
Mientras la administración federal en Washington D.C. busca expandir su red de centros de detención, incluyendo el proyecto de mega-cárceles en Texas, Nuevo México ha decidido tomar el camino opuesto.
Sin embargo, es importante aclarar que esta ley no impide que ICE opere de manera independiente con sus propios agentes federales en el estado, pero sí le quita el apoyo logístico y las cárceles de los condados.
¿Qué prohíbe exactamente la ley HB 9?
- Fin de contratos estatales: ninguna ciudad o condado puede alquilar instalaciones o proveer personal para encarcelar a personas por infracciones civiles migratorias.
- Adiós a los acuerdos 287(g): se prohíbe que la policía local y los alguaciles (sheriffs) actúen como agentes de ICE.
Esto significa que los recursos estatales no se usarán para tareas de control migratorio federal.
- Cierre progresivo: la normativa ordena la cancelación de los contratos vigentes, afectando la operatividad de los tres centros de detención actuales que suman una capacidad de 3.000 plazas.
+ La ley prohíbe a las cárceles locales aceptar órdenes administrativas de ICE (warrants) sin la firma de un juez.
Impacto en la seguridad y los derechos humanos
La medida no solo responde a una postura política, sino también a una crisis de seguridad humana.
Datos recientes indican que el inicio de 2026 ha sido crítico: a nivel nacional, la población bajo custodia de ICE superó las 73.000 personas en enero, y se han registrado al menos tres fallecimientos en custodia en lo que va del año.
Organizaciones civiles como la ACLU de Nuevo México han denunciado históricamente condiciones de aislamiento y falta de atención médica en las instalaciones locales.
Con la HB 9, el estado busca eliminar su responsabilidad legal y ética en estos incidentes.
¿Cómo beneficia esto a la comunidad residente?
Para las familias hispanas y los inmigrantes, independientemente de su estatus, esta ley actúa como una guía de protección indirecta:
- Confianza en la policía local: al eliminarse los convenios 287(g), las personas pueden reportar delitos o buscar ayuda en casos de violencia doméstica sin el temor inmediato de que el oficial que les atiende inicie un proceso de deportación.
- Reducción de deportaciones: estudios sugieren que la falta de colaboración local reduce significativamente las tasas de deportación en comparación con estados que sí cooperan con ICE.
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