Los consumidores del condado de Los Ángeles comenzaron a pagar un impuesto sobre las ventas más alto desde este 1 de octubre, luego de que entrara en vigor la Medida ER, aprobada por los votantes en junio.
El incremento eleva en medio centavo la tasa base del impuesto, de 9,75% a 10,25%, para financiar servicios de salud y otras necesidades consideradas esenciales.
El aumento tendrá carácter temporal y permanecerá vigente durante cinco años, hasta el 1 de octubre de 2031. Las autoridades del condado calculan que podría generar alrededor de $1.000 millones anuales.
Qué productos quedan fuera del aumento
El nuevo impuesto no se aplica a algunos gastos básicos, entre ellos comestibles, medicamentos recetados y equipos médicos.
Los recursos están destinados principalmente a compensar reducciones en fondos estatales y federales y mantener servicios médicos para residentes de bajos ingresos y personas sin seguro.
El plan inicial de distribución contempla que 45% de los ingresos financie atención médica para residentes de bajos ingresos y sin seguro mediante clínicas sin fines de lucro y otros proveedores ambulatorios.
Otro 22% se dirigiría a Los Angeles County Health Services, el sistema público de salud del condado.
La medida llega después de que el Departamento de Salud Pública del condado anunciara la suspensión de servicios clínicos en siete centros debido a recortes superiores a $50 millones en fondos federales, estatales y locales.
Una demanda mantiene el dinero bajo fideicomiso
Aunque el impuesto ya comenzó a cobrarse, existe una disputa legal que impide al condado utilizar los ingresos generados por el aumento.
El Partido Libertario del Condado de Los Ángeles presentó una demanda para impugnar la ley que autorizó el impuesto. Mientras el proceso continúa, la legislación estatal exige que los recursos permanezcan en una cuenta de fideicomiso.
Esto significa que el aumento ya aparece en las compras sujetas al impuesto, pero el condado no puede destinar inmediatamente ese dinero a los programas previstos.
La directora de Los Angeles County Health Services, Christina Ghaly, defendió la medida y señaló que los recortes presupuestarios no eliminan las necesidades médicas de los residentes, incluyendo tratamientos contra el cáncer, medicamentos para enfermedades crónicas, atención prenatal y vacunación.
Si los tribunales finalmente invalidan el impuesto, el gobierno estatal se encargará de administrar los posibles reembolsos a los contribuyentes, según informó el condado.
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