El Departamento de Leyes y Seguridad Pública del estado de Nueva Jersey puso en marcha un proceso de revisión legal sobre el funcionamiento del centro de detención migratoria Delaney Hall, operado por la firma privada GEO Group.
El centro de detención migratoria Delaney Hall, ubicado en Newark, Nueva Jersey, es la instalación de su tipo más grande del noreste de Estados Unidos y enfrenta una intensa investigación y protestas tras reportar tres muertes de inmigrantes bajo custodia.
Las principales empresas privadas de prisiones reciben en conjunto más de $1.000 millones de dólares al año provenientes exclusivamente de contratos directos e indirectos con ICE para la custodia de migrantes. El costo promedio que paga el gobierno federal a los contratistas privados se ubica aproximadamente entre $140 y $180 dólares diarios por cada persona retenida.
Pesquisa por decesos y denuncias internas
Los registros identifican a las víctimas como Juan Carlos Ramos, de 34 años y nacionalidad guatemalteca (fallecido en noviembre de 2025); Luis Alberto Sánchez, ciudadano ecuatoriano de 41 años (fallecido en marzo de 2026); y José Mateo Flores, hondureño de 29 años (fallecido en julio de 2026).
Las acciones de la Fiscalía General surgieron luego de registrarse la muerte de estas tres personas bajo custodia en un lapso inferior a doce meses dentro de la instalación ubicada en Newark. El expediente busca establecer si el personal a cargo incurrió en omisiones sistemáticas que afectaran las garantías fundamentales de los internos.
Condiciones del recinto bajo evaluación
Entre los elementos sujetos a inspección se encuentran los reportes presentados por los propios reclusos sobre deficiencias en la atención médica, fallas en la provisión de alimentos y malos tratos. Las autoridades estatales analizan las bitácoras operativas y los protocolos aplicados por la contratista para deslindar responsabilidades administrativas o penales.
En dos de los casos, los informes del forense determinaron que los decesos ocurrieron por emergencias cardiovasculares y complicaciones derivadas de condiciones preexistentes (como diabetes o hipertensión) que no recibieron administración oportuna de medicamentos ni evaluación médica continua a pesar de los síntomas manifestados por los reclusos.
El otro caso estuvo vinculado a una afección respiratoria severa que derivó en paro cardiorrespiratorio mientras el interno se encontraba en una celda de segregación, un área donde las rondas de supervisión de la guardia no se cumplieron con la frecuencia establecida por el protocolo.
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