Una corte de apelaciones de Nueva Jersey anuló la ordenanza sobre ruido adoptada en 2017 por el distrito costero de Sea Bright, tras concluir que la ciudad no tenía autoridad para aprobarla y que su redacción era demasiado ambigua para ser aplicada de forma justa.
La ley prohibía “ruidos fuertes, innecesarios e irrazonables que pudieran oírse a 50 pies de distancia”, pero fue impugnada por el empresario Thomas Bonfiglio, ya fallecido, propietario del restaurante y bar Tommy's Tavern + Tap, destaca el portal NJ.
La demanda, presentada en nombre de Bonfiglio y sus empresas, argumentó que la medida afectaba negativamente su negocio, al restringir de forma vaga comportamientos comunes como hablar en voz alta o gritar, sin ofrecer parámetros medibles.
El Tribunal de Apelaciones respaldó una decisión previa de una corte inferior, invalidando la ordenanza por considerarla inconstitucional y fuera de las competencias locales.
Ley del ruido en Nueva Jersey: falta de estándares objetivos
Según el fallo judicial, Sea Bright no podía legislar sobre el tema del ruido porque forma parte de la Comisión de Salud Regional del Condado de Monmouth, organismo que ya regula las molestias sonoras bajo un código de salud pública adoptado en 1987.
Al tener la comisión autoridad exclusiva en este ámbito, cualquier regulación adicional por parte del distrito resultaba inválida.
Además, el tribunal criticó la vaguedad del lenguaje utilizado en la ley municipal. Términos como “molesto” o “perturbador” se consideraron demasiado subjetivos, permitiendo interpretaciones arbitrarias por parte de los funcionarios.
Esta falta de estándares objetivos, señalaron los jueces, podría criminalizar actividades cotidianas como conversaciones entre vecinos o niños jugando en el patio.
Antecedente
Sea Bright ya había intentado previamente establecer una ordenanza basada en niveles de decibeles, pero el Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey la rechazó.
Posteriormente, el distrito intentó redefinirla como una ordenanza de “molestia por ruido” para eludir esa revisión estatal, algo que el tribunal también desestimó.
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