Una organización que operaba en el estado de Tennessee recibió un duro golpe judicial tras la confesión de sus integrantes. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) informó que nueve ciudadanos de nacionalidad venezolana se declararon culpables de los delitos de trata de personas, contrabando de inmigrantes y lavado de dinero, tras coordinar un esquema de explotación que funcionaba en varios moteles de la ciudad de Nashville.
Las investigaciones federales revelaron que la estructura delictiva estaba bajo la dirección de Yilibeth Carmen Rivero y su hijo, Kleiver Daniel Mota. Para consolidar el negocio ilícito, la mujer involucró a sus otros hijos adultos y a las parejas de estos en las labores de captación, traslado y vigilancia. El modus operandi consistía en reclutar a mujeres venezolanas en situación de extrema vulnerabilidad, prometiéndoles falsas ofertas laborales en territorio estadounidense, para luego coordinar su ingreso irregular al país por la frontera sur.
Una vez que las víctimas llegaban a la capital de Tennessee, los captores les notificaban que habían acumulado una supuesta deuda económica por los gastos del viaje, la cual debían saldar a través del trabajo forzado en las habitaciones de los hospedajes. Los miembros del grupo delictivo se apropiaban de la totalidad de las ganancias obtenidas por las mujeres y utilizaban un ambiente de constante intimidación para evitar que intentaran escapar o acudir a las autoridades.
Para infundir temor en las retenidas, la banda empleaba armas de fuego y amenazaba de forma directa con ejercer violencia contra ellas o sus familias. Asimismo, hacían creer a las víctimas que Kleiver Daniel Mota pertenecía a una peligrosa organización de prisiones en Venezuela y que contaba con antecedentes en su país de origen.
Los acusados enfrentan cargos graves que contemplan una pena máxima de cadena perpetua en una prisión federal. Tras admitir sus delitos, el tribunal programó la audiencia de lectura de sentencia para la semana del 16 de noviembre de 2026, fecha en la que un juez determinará la condena definitiva para cada uno de los involucrados en este caso de abuso y tráfico humano.
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