La administración del presidente Donald Trump propuso una nueva normativa que otorgaría a los jueces de inmigración la facultad de imponer multas civiles de hasta 3,500 dólares a migrantes, abogados y testigos que desobedezcan de manera reiterada las órdenes emitidas por los tribunales migratorios en Estados Unidos.
La iniciativa fue presentada por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), dependencia del Departamento de Justicia encargada de administrar el sistema de cortes de inmigración.
Tras su publicación en el Registro Federal, la norma quedó sometida a un periodo de comentarios públicos de 60 días antes de evaluar su implementación definitiva. De aprobarse, los jueces podrían aplicar sanciones por desacato con montos que oscilan entre los 1,000 y los 3,500 dólares.
Críticas por falta de reciprocidad con los fiscales de ICE
Uno de los aspectos más controvertidos de la propuesta es que las facultades sancionadoras no se aplicarían equitativamente a todos los actores del proceso judicial.
Según el borrador presentado, los jueces de inmigración no podrán imponer estas multas a los abogados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Esta distinción generó un fuerte rechazo entre especialistas y defensores de los derechos de los inmigrantes. Gregory Chen, director de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), calificó la medida como un intento de intimidación "totalmente sesgado" dirigido contra la defensa legal de los procesados.
Asimismo, la propuesta reactivó el debate sobre la autonomía del sistema judicial migratorio. A diferencia de los tribunales federales ordinarios del Poder Judicial, las cortes de inmigración operan bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo a través del Departamento de Justicia, estructura que ha recibido cuestionamientos históricos respecto a su imparcialidad.
Acumulación de sanciones económicas y casos extremos
La medida sobre desacato se suma a un paquete de sanciones financieras que el gobierno estadounidense aplica en el ámbito migratorio.
De acuerdo con datos citados por The New York Times, más de 100,000 extranjeros han recibido notificaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por deudas vinculadas al incumplimiento de órdenes de deportación.
Dichas penalizaciones establecen cobros de 998 dólares por cada día que la persona permanezca en el país tras el vencimiento del plazo fijado por un juez.
Esta acumulación diaria ha generado deudas multimillonarias en diversos casos; entre los expedientes citados destaca el de una madre mexicana de tres ciudadanos estadounidenses, a quien las autoridades notificaron un adeudo de 1.820,352 dólares por no haber abandonado el país tras una orden emitida en 2013.
Estado de la propuesta y periodo de consulta
Es importante señalar que la normativa sobre desacato aún no constituye una regla definitiva. Durante el plazo reglamentario de 60 días contados a partir de su publicación oficial, la ciudadanía, organizaciones civiles e instituciones interesadas podrán enviar observaciones y argumentos legales antes de que el Departamento de Justicia determine la redacción final de la norma.
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