La sheriff de Miami-Dade, Rosanna Cordero-Stutz, enfrenta un complicado proceso judicial tras cometer un escandaloso fraude.
Según medios nacionales, la funcionaria firmó un contrato millonario con un viejo amigo suyo para que se quedara con hasta el 35% de los bienes y el dinero que la policía confisque a ciudadanos y empresas.
Este acuerdo convierte las incautaciones policiales en un negocio privado que podría dejarle decenas o cientos de millones de dólares al despacho de Reyes.
Un negocio millonario entre amigos de la sheriff
La relación entre Rosanna Cordero-Stutz y el abogado Israel Reyes, data de sus años juntos en la policía y quedó expuesta en la toma de posesión del 7 de enero de 2025, donde el abogado habló de su larga amistad con ella.
Registros electorales confirman que Reyes aportó 1.000 dólares a la campaña de la sheriff en agosto de 2024 y, para junio de 2025, ya había asegurado un contrato exclusivo para manejar las confiscaciones civiles de la agencia.
El acuerdo establece que Reyes Law Firm cobra el 30% del primer millón de dólares confiscado, el 25% del segundo millón y el 20% de cualquier suma superior. Si los dueños de los bienes reclaman su propiedad ante un juez, la comisión del primer millón sube al 35%, más un 5% extra si el caso llega a apelación.
Aunque el bufete solo cobra si gana, los contribuyentes pagan todos los gastos de investigación y peritos, incluso si la policía pierde el caso.
Empresas arruinadas sin ninguna acusación penal
El escándalo estalló tras una redada contra distribuidores de teléfonos celulares por un supuesto caso de lavado de dinero. Las autoridades congelaron más de $45 millones en cuentas bancarias y mercancía, lo que golpeó con fuerza a la empresa SH Americas, a la cual le quitaron $42.5 millones.
La compañía quedó sin dinero para pagar salarios y al borde del cierre definitivo, a pesar de que hasta noviembre de 2026 no existe ningún cargo penal en su contra.
Los afectados denunciaron ante la corte que el contrato incentiva a los abogados a quitar la mayor cantidad de dinero posible y a rechazar acuerdos justos para engordar sus bolsillos. Los demandantes calculan que el despacho de Reyes podría ganar entre $9 y $13 millones solo con lo ya incautado, y más de $500 millones si logra quedarse con otros fondos millonarios que el gobierno intentó bloquear sin éxito.
Ingresos policiales por las nubes y batalla en tribunales
Las cifras oficiales revelan que el antiguo departamento de policía recibía $396.000 dólares al año por confiscaciones antes de la llegada de Cordero-Stutz. Tras su primer año de gestión, esa cifra saltó a $9.6 millones, un dinero que va directo a las arcas de la oficina del sheriff.
Este flujo de efectivo ocurre en medio de fuertes disputas presupuestarias con los comisionados locales, quienes aprobaron $1.234 millones para la agencia.
Aunque una jueza rechazó inicialmente anular el contrato al considerar que la sheriff mantiene la última palabra sobre los casos, las empresas afectadas llevaron el pleito al tribunal de apelaciones. Varias cámaras de comercio y asociaciones legales se sumaron a las protestas por el peligro de permitir que abogados privados lucren con las incautaciones policiales.
La oficina del sheriff intentó frenar las apelaciones en octubre, pero la corte dio plazo a los empresarios hasta el 9 de noviembre para responder y mantener viva la batalla legal.
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