La Fiscalía del Condado de Tompkins, en Nueva York, reabrió la investigación sobre una presunta agresión sexual ocurrida en 2024 en una fraternidad de la Universidad de Cornell, después de que una exalumna presentara una demanda civil contra la institución, la fraternidad Chi Phi y siete de sus integrantes.
La mujer, identificada en los documentos como Jane Doe, sostiene que tenía 20 años cuando acudió a la casa de la fraternidad el 19 de octubre de 2024 y que allí fue drogada y agredida sexualmente mientras no podía dar su consentimiento. La nueva revisión podría llevar el caso ante un gran jurado.
¿Por qué el fiscal decidió reabrir el caso?
El fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, explicó que la investigación inicial no produjo cargos porque, según su oficina, el relato que Doe entregó a la Policía de Cornell en 2024 no incluía las mismas acusaciones que aparecen en la demanda presentada ahora.
Van Houten afirmó que la declaración original no describía que la joven hubiera sido drogada contra su voluntad ni una agresión sexual grupal. Por ello, su oficina decidió entonces no presentar cargos.
La nueva demanda, sin embargo, incorpora otros elementos, entre ellos una captura de pantalla de un supuesto chat de Snapchat entre miembros de la fraternidad. Según la denuncia, el intercambio habría invitado a otros integrantes a acudir al lugar donde se encontraba la estudiante.
El fiscal reconoció que esos mensajes no formaron parte del análisis inicial de su oficina. Ahora pretende revisar si existe evidencia adicional que pueda modificar la evaluación realizada en 2024 y justificar una presentación ante un gran jurado.
Cornell defiende las medidas que tomó
La demanda también cuestiona la respuesta de Cornell University después de que la estudiante reportara el incidente. El abogado de Doe sostiene que la universidad conoció las acusaciones y que la investigación criminal no entrevistó posteriormente a su representada ni a otros posibles involucrados.
Cornell sostiene una versión distinta. La universidad afirmó que realizó una investigación formal bajo el Título IX y que un panel integrado por profesores y personal capacitado revisó las pruebas durante varios días.
También señaló que impuso sanciones, incluidas suspensiones y expulsiones, aunque la legislación federal de privacidad estudiantil le impide divulgar las medidas aplicadas individualmente.
La universidad además informó que la sección de Chi Phi fue clausurada y permanece excluida del campus.
Mientras tanto, abogados de al menos uno de los estudiantes señalados niegan las acusaciones. El proceso civil continúa y la Fiscalía deberá determinar, con la nueva revisión, si existen elementos suficientes para avanzar hacia posibles cargos penales.
El caso ha vuelto a poner bajo escrutinio la manera en que las universidades y las autoridades responden a denuncias de agresión sexual, especialmente cuando una investigación inicial termina sin cargos y posteriormente aparecen nuevas pruebas o versiones sobre lo ocurrido.
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