El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, presentó ante el Concejo Municipal una propuesta para reformar la ordenanza que regula los derechos y obligaciones de propietarios e inquilinos desde hace cuatro décadas.
El plan, denominado Protecting Renters Ordinance (PRO), busca actualizar el marco legal de la ciudad e incluiría la obligación de pagar compensaciones de entre 3,000 y 5,000 dólares a ciertos inquilinos cuando el arrendador decida no renovar el contrato sin que exista una falta o incumplimiento del ocupante.
En qué consiste la propuesta PRO de Brandon Johnson
Bajo la normativa vigente en Chicago, los propietarios no tienen la obligación de justificar la no renovación de un contrato de arrendamiento.
La propuesta PRO busca modificar esta dinámica exigiendo que los dueños informen una causa válida para dar por terminado el vínculo contractual.
En los casos donde el inquilino no sea responsable de la terminación, el propietario debería abonar una asistencia económica para la reubicación.
Según reportó el Chicago Sun-Times, la compensación oscilaría entre los US$ 3,000 y US$ 5,000, dependiendo de las condiciones fijadas en la ordenanza.
Este pago aplicaría cuando la no renovación responda a decisiones del propietario como:
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Demolición del inmueble.
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Conversión de la propiedad en condominios.
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Realización de trabajos de rehabilitación o remodelación mayor.
Los defensores de la medida argumentan que estas sumas permiten mitigar el impacto del desplazamiento forzado en un mercado inmobiliario costoso, ayudando a las familias a cubrir los gastos de mudanza y depósitos de garantía.
Alcance de la medida y la contrapropuesta FAIR
El plan impulsado por la alcaldía mantiene la exención actual para los propietarios que residen en edificios de seis unidades o menos, dejando a estas propiedades fuera de la mayoría de las nuevas obligaciones.
Sin embargo, la gran mayoría de los arrendadores que no cumplan con este criterio quedarían alcanzados por la reforma.
Ante esta propuesta, representantes del sector inmobiliario y concejales moderados y conservadores manifestaron su preocupación, advirtiendo que los costos adicionales podrían trasladarse finalmente al valor de las rentas.
Como respuesta, este grupo de concejales presentó una iniciativa alternativa llamada Fair and Accountable Illinois Rental Ordinance (FAIR).
A diferencia del plan del alcalde, la propuesta FAIR busca ampliar el beneficio de la exención a pequeños propietarios de edificios de hasta 12 unidades de alquiler, sin exigir que el dueño resida en el inmueble para acceder a dicho margen.
Las organizaciones de defensa de los inquilinos han rechazado esta opción alternativa, afirmando que dejaría a miles de arrendatarios sin protecciones básicas.
Diferencias clave entre las propuestas PRO y FAIR
Aunque ambos proyectos coinciden en la necesidad de implementar un registro obligatorio de unidades de alquiler para verificar el cumplimiento de los códigos de edificación, existen marcadas diferencias estructurales en su aplicación:
| Aspecto | Propuesta PRO (Alcaldía) | Propuesta FAIR (Concejales) |
| Exención a pequeños dueños | Edificios de hasta 6 unidades (el dueño debe vivir ahí). | Edificios de hasta 12 unidades (sin requisito de residencia). |
| Transparencia en el registro | Pide datos detallados sobre fideicomisos y corporaciones propietarias. | Exige únicamente la dirección del inmueble y un contacto para reparaciones. |
| Administración del sistema | Propone crear una nueva Oficina de Servicios de Vivienda de Alquiler. | Mantiene el control bajo el actual Departamento de Edificios. |
Mientras los activistas apoyan la transparencia del plan PRO para identificar a propietarios negligentes que operan tras figuras corporativas, los detractores del proyecto argumentan que crear una nueva oficina gubernamental aumentaría la burocracia estatal y las tasas administrativas.
Un debate clave para el futuro político de la ciudad
Con una población que supera los 600,000 inquilinos, la vivienda de alquiler constituye uno de los bloques electorales y sociales más relevantes de Chicago.
La discusión sobre el futuro de estas ordenanzas promete consolidarse como uno de los ejes de debate central en la agenda política y los próximos procesos electorales de la ciudad.
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