Una jueza federal de Rhode Island anuló de forma permanente una directiva de la Administración de Donald Trump que habría restringido el acceso de algunos inmigrantes a programas federales como Head Start, clínicas de salud comunitarias y educación para adultos.
La medida, emitida en julio de 2025, nunca llegó a aplicarse porque la misma jueza había ordenado suspenderla mientras avanzaba el litigio.
¿A quiénes habría afectado la medida?
La política buscaba ampliar la aplicación de la Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de Oportunidades Laborales (PRWORA), aprobada en 1996, para considerar determinados servicios sociales como beneficios federales restringidos para los llamados “extranjeros no calificados”.
La categoría no se limitaba a personas que se encuentran sin autorización migratoria. También incluía a ciertos titulares de visas, beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) y personas protegidas bajo DACA.
Estos grupos ya enfrentan restricciones para acceder a determinados beneficios federales, como Medicaid completo y algunos programas de alimentación y asistencia en efectivo.
La Administración de Trump había defendido el cambio como una forma de aplicar la legislación federal a personas que, según su interpretación, no reúnen los requisitos para recibir determinados beneficios financiados por los contribuyentes.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos anunció inicialmente la modificación en julio de 2025.
La jueza cuestionó el procedimiento
Mary McElroy, quien fue nombrada por Trump en 2019, determinó que la directiva era ilegal porque el gobierno no siguió los procedimientos administrativos necesarios para modificar las reglas.
En particular, calificó las acciones como “procedimentalmente inválidas” y señaló que la Administración todavía puede intentar modificar las normas mediante el proceso federal de notificación y comentarios públicos.
La demanda fue presentada por los fiscales generales de 20 estados y el Distrito de Columbia. Los estados argumentaron que la política habría generado importantes cargas administrativas para programas con recursos limitados, especialmente Head Start, y que algunos proveedores podrían haber enfrentado dificultades para mantener sus servicios.
La decisión mantiene, por ahora, el acceso a estos programas bajo las reglas que estaban vigentes antes de la directiva de julio de 2025.
La Administración para Niños y Familias, que supervisa Head Start, indicó que no comenta sobre litigios en curso, mientras que varias agencias federales demandadas no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
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