La policía del condado de Brevard ha efectuado el primer arresto bajo la reciente ley de inmigración de Florida, impulsada por el gobernador Ron DeSantis.
La detención de Felipe Hernández Chavarin, un ciudadano mexicano de 38 años, representa un hecho significativo en la aplicación de la nueva ley, que penaliza a nivel estatal el ingreso o reingreso ilegal a Estados Unidos.
La reciente transferencia de la responsabilidad de la aplicación de las leyes de inmigración del ámbito federal al estatal ha provocado reacciones encontradas en Florida.
El arresto de Hernández-Chavarin se produjo el martes en la granja Willowbrook Farms, en Palm Bay, reseña Univision.
¿Por qué detuvieron al inmigrante mexicano en Florida?
Según los informes, un agente de la Comisión de Conservación de Vida Silvestre de Florida detuvo al individuo tras observarlo ingresar en una propiedad privada señalizada con un letrero de “prohibido el paso”.
Un oficial de la Comisión de Conservación de Vida Silvestre de Florida procedió al arresto de un hombre que, según se informa, ignoró un letrero de 'prohibido el paso' e ingresó a una propiedad privada.
La detención se produjo después de que el oficial observara al individuo utilizando una red para pescar en los canales de la finca, una actividad que infringe las leyes de propiedad privada.
Tras su detención, señala Univision, las autoridades locales descubrieron que Felipe Hernández-Chavarin había sido previamente expulsado de Estados Unidos en 2019, después de cruzar la frontera desde México sin la documentación adecuada.
Esta información salió a la luz durante la investigación de los agentes, quienes confirmaron que el detenido había infringido la ley de inmigración por segunda vez.
En consecuencia, además de enfrentar cargos por allanamiento de morada, se le acusó de reingresar ilegalmente al país.
¿Qué establece la nueva ley antiinmigrante de Florida?
La reciente legislación de inmigración en Florida, promulgada por DeSantis el mes pasado, criminaliza a nivel estatal el ingreso o reingreso ilegal al país.
Este cambio transfiere la responsabilidad de la aplicación de las leyes de inmigración, que antes recaía en entidades federales como la Patrulla Fronteriza, al estado, otorgándole un papel más activo en el control de la inmigración ilegal.
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