Legisladores republicanos impulsan una estrategia legal y política para revertir el fallo Plyler v. Doe, la sentencia de la Corte Suprema que desde 1982 garantiza educación pública gratuita a menores sin estatus migratorio legal.
Esta ofensiva, que ha escalado desde debates estatales en Tennessee hasta la Casa Blanca, busca transferir a los estados la potestad de decidir si financian o no la formación académica de estos niños.
Voceros
Stephen Miller, subjefe de gabinete, lidera reuniones con funcionarios de Texas para evaluar el cese de fondos federales, bajo el argumento de que el sistema actual impone una carga económica insostenible según detalla El Diario NY.
Según estimaciones del Centro de Estudios de Inmigración, para el año 2021 existían cerca de 3.2 millones de estudiantes en hogares liderados por inmigrantes irregulares, lo que intensifica el debate sobre la distribución de recursos educativos.
Durante las recientes sesiones en el subcomité judicial de la Cámara de Representantes, figuras como el republicano Chip Roy han calificado la sentencia original como un exceso de funciones del tribunal.
Argumentos
Roy sostiene que es importante liberar a los contribuyentes de los costos asociados a la escolarización de extranjeros, señalando que los recursos destinados a ciudadanos estadounidenses se desvían para cubrir brechas de competencia académica en la población migrante.
Esta medida marca una expansión radical de las políticas migratorias de la era Trump, que anteriormente se enfocaban en restricciones de visados universitarios.
La propuesta actual apunta directamente a la educación básica y secundaria, planteando un escenario que podría transformar el acceso a los derechos civiles en Estados Unidos y alterar el funcionamiento de las aulas en todo el país.
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