Tras meses de opacidad y severas demoras administrativas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) volvió a hacer pública la información estadística sobre los migrantes bajo su custodia.
Los nuevos datos oficiales revelan una realidad contundente en el estado de California: tres de cada cuatro personas detenidas por la agencia migratoria carecen de antecedentes penales, consolidando una marcada tendencia en la política de arrestos a nivel nacional.
La actualización de estas cifras se produce tras un retraso de más de tres meses en los reportes quincenales obligatorios de la agencia.
Durante el mes de junio, más de 43.000 personas fueron ingresadas en centros de detención a lo largo de todo Estados Unidos, lo que representa la cifra mensual más alta registrada desde el inicio de la presente administración federal en enero de 2025.
California a la cabeza: la mayoría de los detenidos no tiene historial delictivo
De acuerdo con el reporte oficial difundido por Los Angeles Times, los inmigrantes sin condenas penales representan el 74% de la población diaria promedio en las instalaciones de detención de California, mientras que a nivel nacional la cifra alcanza el 79%.
Investigadores del sector señalan que es la primera vez en la historia reciente del sistema de procesamiento que el grupo mayoritario de los arrestados carece de registros criminales.
El desglose por recintos en el estado evidencia porcentajes aún más bajos de personas con antecedentes:
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Centro de Detención de Adelanto: Solo el 38% de los internos tiene un historial penal.
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Centro de California City: La cifra de personas con antecedentes cae al 25%.
Por su parte, los registros independientes del Centro de Intercambio de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse contabilizan 65.765 personas bajo custodia federal al 11 de julio de 2026.
Del total nacional de detenidos por ICE, el 70,6% (46.436 personas) no registra condena penal alguna, y entre quienes sí cuentan con antecedentes, la mayoría corresponde a infracciones menores de tránsito.
La demora en los datos oficiales y la justificación del gobierno
La difusión de este reporte estuvo rodeada de fuertes críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes.
La legislación exige a ICE publicar sus estadísticas cada dos semanas; sin embargo, la agencia no actualizaba sus bases de datos desde principios de abril.
Susan Long, cofundadora de TRAC, denunció abiertamente que el organismo "simplemente ha ignorado la ley" al incurrir en el retraso más prolongado registrado en años.
En respuesta a las denuncias, voceros de la agencia justificaron la interrupción del flujo informativo debido al cierre parcial del gobierno federal de 76 días ocurrido a comienzos de año, el cual paralizó las operaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hasta el mes de mayo.
Desde el ejecutivo señalaron que la financiación de la agencia se encuentra actualmente garantizada de manera plurianual para dar continuidad a sus labores de reporte e inspección.
Intensificación de los arrestos y aumento en las deportaciones
El incremento en la población detenida coincide con una aceleración en la estrategia del gobierno federal para tramitar casos de asilo y aplicar una política migratoria más estricta.
El endurecimiento de las directrices operativas llevó a un registro de 356.389 deportaciones entre octubre y junio, superando de manera drástica las 319.980 expulsiones contabilizadas en los 12 meses del periodo anterior.
Representantes de organizaciones civiles advierten que el repunte de detenciones al cierre de la primavera respondió a nuevos patrones de intervención por parte de las autoridades migratorias:
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Operativos en tribunales e inspecciones: Incremento de los arrestos de personas que acudían a citas de rutina o controles obligatorios con oficiales de migración.
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Audiencias masivas: Procesamiento acelerado de expedientes en cortes donde los jueces atendieron hasta 100 casos diarios, derivando en un alto número de órdenes de deportación en ausencia.
Frente a la consolidación de estas dinámicas operativas, defensores de derechos humanos proyectan que la cifra de personas bajo custodia mantendrá una curva ascendente en el transcurso del año como parte de las metas de control fronterizo e interior del gobierno.
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