Una corte federal ha dictado un duro revés para los planes de infraestructura en la frontera sur de Estados Unidos (EEUU).
Un fallo clave emitido por la jueza federal Kathleen Cardone ha bloqueado de forma temporal la edificación del muro fronterizo y obras complementarias en la emblemática región de Big Bend, Texas.
La decisión representa un respiro definitivo para una coalición diversa integrada por propietarios de tierras, comunidades locales, empresas turísticas y organizaciones ambientalistas, quienes han mantenido una férrea oposición a los tramos de barreras en este sector agreste.
¿Qué implica el fallo judicial y por qué se paralizan las obras?
El dictamen de la jueza Cardone concede una medida cautelar preliminar (preliminary injunction).
Esto significa que las máquinas y los contratistas federales deberán permanecer fuera de las zonas protegidas y terrenos aledaños hasta que se emita un veredicto definitivo sobre el fondo de la demanda.
Los argumentos que inclinaron la balanza a favor de los demandantes se basan en tres ejes principales:
- Daño irreparable: la corte determinó que las obras causarán estragos graves e irreversibles al ecosistema y al patrimonio cultural de la zona si se permite su avance.
- Exención de normativas: La demanda -impulsada por el Centro de Diversidad Biológica, defensores de una iglesia histórica en Ruidosa y guías de la región- argumentó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) incurrió en ilegalidades al eludir decenas de leyes ambientales, culturales y arqueológicas mediante exenciones extraordinarias para acelerar el proyecto.
- El factor geográfico: opositores han sostenido de manera consistente que la orografía extrema, los acantilados de piedra caliza y lo remoto del terreno de Big Bend actúan naturalmente como una barrera disuasoria, haciendo redundante y destructivo un muro artificial.
El pulso por el Parque Nacional Big Bend y terrenos privados
El proyecto forma parte de los planes federales valorados en multimillonarios presupuestos para blindar la frontera sur con una mezcla de vallas de acero de 9 metros (30 pies), caminos de acceso y tecnología de vigilancia.
No obstante, la oposición escaló notablemente a mediados de agosto cuando ingresaron excavadoras al Parque Nacional Big Bend, un santuario natural apreciado por sus cielos nocturnos cristalinos y su rica biodiversidad.
Ante la presión política transversal -tanto de demócratas como de republicanos-, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) había pausado temporalmente las operaciones en el parque, una tregua que expiró recientemente antes de que la orden judicial formalizara la suspensión en toda la región.
Por su parte, la CBP defendió la necesidad de proteger la frontera bajo un equilibrio con el resguardo paisajístico, y señaló que se encuentra evaluando los pasos a seguir junto al Departamento de Justicia.
Paralelamente, en áreas río arriba y río abajo fuera del parque, el gobierno federal enfrentaba escollos con propietarios privados reacios a ceder sus tierras, advirtiendo que los casos no negociados serían remitidos a instancias judiciales.
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