La administración del presidente Donald Trump propuso una normativa que autoriza a los tribunales migratorios a aplicar sanciones de hasta 3.500 dólares. La medida castiga a los inmigrantes, sus defensores legales y testigos que incumplan las órdenes emitidas en las audiencias.
La norma busca frenar los actos de desobediencia dentro de los procesos de deportación en Estados Unidos (EEUU). La Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) publicó el proyecto en el Registro Federal.
El texto establece penalizaciones económicas que oscilan entre 1.000 y 3.500 dólares para quienes mantengan conductas de desacato. Sin embargo, el reglamento exime de cualquier castigo a los fiscales que representan al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
"La norma, totalmente sesgada, es un nuevo intento de atacar a los abogados de inmigración, en consonancia con las tácticas de intimidación", declaró Gregory Chen, vocero de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA). Expertos legales cuestionan la falta de imparcialidad del sistema, debido a que las cortes dependen del Departamento de Justicia y no del Poder Judicial.
¿Cómo el gobierno a imponer multas y qué impacto financiero genera?
La propuesta técnica ingresó a un periodo de consulta pública de 60 días antes de su ratificación definitiva. La Casa Blanca acelera la aplicación de sanciones monetarias masivas contra las personas que permanecen en el país sin autorización.
Un informe citado por The New York Times revela que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) notificó a más de 100.000 extranjeros. El DHS exige el pago de 998 dólares por cada día transcurrido tras la emisión de una orden final de expulsión.
Los cobros acumulados por permanencia no autorizada alcanzan montos que superan 1,8 millones de dólares en casos individuales. Una ciudadana mexicana, madre de tres hijos estadounidenses, recibió una penalización exacta de 1.820.352 dólares por no abandonar el país en 2013.
Los cobros diarios y las sanciones por desacato incrementan la presión económica sobre los migrantes en proceso de expulsión. Las organizaciones defensoras de derechos humanos alistan recursos legales para frenar la entrada en vigor de estas medidas tributarias.
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