Se negó a firmar su deportación y vivió un infierno: la denuncia que pone en la mira a ICE

Un nuevo caso de presunto abuso de autoridad ha encendido las alarmas en el sistema migratorio de Estados Unidos. 

Viernes, 02 de octubre de 2026 a las 09:19 am

Johnny Lucas Barre, un ciudadano ecuatoriano que actualmente está bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ha denunciado públicamente haber sido víctima de una agresión física severa por parte de oficiales federales en un centro de detención en Georgia. 

Según lo reportado por Univision y los testimonios recopilados por Univision Atlanta, la agresión ocurrió cuando los funcionarios intentaron obligar al migrante a dar sus huellas dactilares para formalizar una orden de deportación voluntaria, a la que él se oponía. 

El relato de la agresión dentro del centro de detención del ICE

Durante una entrevista con Univision, Lucas Barre compartió los desgarradores momentos que vivió en las instalaciones migratorias, explicando que los agentes usaron una fuerza excesiva cuando él se negó a entregar sus huellas.

"Un agente intentaba tomarme la huella mientras otros ejercían fuerza sobre mí. Recibí varios golpes y uno de los oficiales colocó un pie cerca de mi cabeza hasta que perdí el conocimiento", declaró el inmigrante desde la cárcel migratoria. 

Su pareja, Leidy Montalvo, compartió imágenes y evidencia física de las marcas de la agresión para dar visibilidad al caso y exigir justicia inmediata.

Abogados advierten sobre violaciones a los derechos humanos de los inmigrantes

Expertos en derecho migratorio consultados por la misma cadena televisiva advirtieron sobre la gravedad legal del incidente. 

La defensa técnica del caso enfatizó que tomar huellas dactilares o firmas a una persona en estado de inconsciencia constituye una flagrante violación de las normativas del debido proceso.

El ecuatoriano fue detenido originalmente en diciembre tras acudir a reportar un cambio de domicilio, y actualmente mantiene un recurso de apelación activo. 

El caso reaviva el debate nacional sobre los protocolos de contención física y los límites del uso de la fuerza en las operaciones de detención federales en Estados Unidos.

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