Con la aprobación de la Ley "One Big Beautiful Bill" el año pasado, la administración del presidente Donald Trump estableció una advertencia contundente: las entidades que no logren reducir de forma drástica sus índices de error operativo perderán una parte significativa del financiamiento federal destinado al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés, anteriormente conocido como cupones de alimentos).
La normativa fija como meta máxima una tasa de error inferior al 6%. La realidad actual, sin embargo, refleja un panorama complejo: la gran mayoría de los estados sobrepasa con creces ese límite, registrando una tasa promedio nacional cercana al 11%.
En los registros publicados en junio de este 2026, la cantidad de estados que duplicaban la cifra objetivo superaba ampliamente a aquellos que lograban situarse por debajo de la valla exigida.
¿Qué es la tasa de error y cómo afectará los presupuestos estatales?
La tasa de error no mide únicamente el fraude, sino el porcentaje global de prestaciones pagadas por encima o por debajo del monto que legalmente le corresponde a cada beneficiario, debido a fallas administrativas o imprecisiones en las solicitudes.
Si bien abarca tanto pagos insuficientes como excesivos, los desembolsos por encima de la cuota adecuada representan la gran mayoría de los casos.
A partir del año fiscal 2028 (que inicia en octubre de 2027), los estados que mantengan índices superiores al 6% deberán comenzar a asumir con fondos de sus propios arcas entre el 5% y el 15% de los costos totales del programa. La escala sancionatoria se estructurará según el nivel de incumplimiento:
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Regla general: A mayor índice de error, mayor será el porcentaje del beneficio que el estado deberá subsidiar con presupuesto propio.
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Prórroga por contingencia: Aquellas demarcaciones con indicadores extremadamente elevados recibirán un margen adicional hasta el año 2030 para ajustar sus procesos internos antes de aplicar las penalizaciones financieras máximas.
Para determinar el nivel de contribución obligatoria a partir de 2027, la ley permite a las administraciones locales seleccionar la cifra de desempeño registrada en 2025 o la que obtengan al cierre de 2026.
Solo nueve estados dentro de la norma federal
Durante el año fiscal 2025, únicamente nueve estados lograron mantenerse dentro del margen de tolerancia exigido por el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA):
Estados en cumplimiento (menos del 6% de error):
Idaho, Iowa, Kentucky, Nebraska, Dakota del Sur, Utah, Vermont, Wisconsin y Wyoming.
En el extremo opuesto, la severidad del desbalance en territorios como Alaska, Delaware, Georgia, Illinois, Nuevo México, Oregón y Washington D.C. ha obligado a las autoridades federales a otorgarles al menos un año adicional de gracia para intentar reestructurar sus sistemas de verificación antes de cortar los fondos.
El caso de Misuri y el riesgo de recortes para los beneficiarios
El impacto económico para las finanzas locales promete ser sustancial. Un ejemplo claro es Misuri, estado que registró una tasa de error del 8,7% el año pasado.
De no lograr una mejora radical en sus mediciones antes del cierre del periodo evaluativo, la entidad estará obligada a cubrir el 10% del costo total de los beneficios de SNAP a partir de octubre de 2027.
Considerando que en 2024 los residentes de Misuri recibieron cerca de 1,500 millones de dólares en cupones de alimentos, asumir el 10% de esa factura implicaría un desembolso estatal de 150 millones de dólares; un monto que supera el presupuesto anual destinado al funcionamiento de varias penitenciarías estatales.
Analistas del sector, como Chloe Green, subdirectora de políticas de la Asociación Estadounidense de Servicios Humanos Públicos, advierten que "hay miles de millones de dólares en juego que los estados tendrán que pagar si quieren seguir operando un programa SNAP".
Por su parte, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) advierte sobre las repercusiones directas en la población vulnerable. Debido a la incapacidad de algunos estados para absorber estos nuevos costos, se proyecta que las administraciones locales optarán por recortar o eliminar la asistencia alimentaria a aproximadamente 300,000 personas, además de reducir los subsidios en programas de nutrición infantil para cerca de 96,000 niños.
Una red de asistencia en proceso de contracción
El ajuste por la tasa de error se suma a una serie de restricciones de elegibilidad ya implementadas por la Ley "One Big Beautiful Bill", que incluyeron la ampliación de los requisitos de trabajo para adultos aptos y condiciones más estrictas sobre el estatus migratorio de los solicitantes.
De acuerdo con cifras preliminares del USDA correspondientes a marzo de este año, más de 37 millones de personas reciben asistencia mediante el programa SNAP a nivel nacional.
Esta cifra refleja un descenso de casi 5 millones de beneficiarios (una reducción superior al 11%) en comparación con el mismo periodo del año anterior, marcando una tendencia a la baja que podría acentuarse una vez que entren en vigor las sanciones financieras a los estados.
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