Un tiroteo en el que estuvo involucrado un agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) dejó a un hombre herido en Austin, Texas, desencadenando protestas de manifestantes en el lugar de los hechos y la exigencia de una investigación independiente por parte de autoridades municipales y legisladores federales. Fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informaron que el ciudadano alcanzado por el disparo es un inmigrante de nacionalidad venezolana que cuenta con una orden final de deportación.
Desarrollo de los hechos y respuesta de las autoridades locales
De acuerdo con los datos brindados en conferencia de prensa por la jefa del Departamento de Policía de Austin, Lisa Davis, y el jefe de los servicios de emergencia del condado Austin-Travis, Robert Luckritz, el incidente ocurrió pasado el mediodía tras una breve persecución a pie emprendida por los agentes federales.
Los equipos de emergencia acudieron a la zona a las 12:56 p. m., trasladando al individuo en nueve minutos a un centro de traumatología local tras presentar una herida de bala en el torso. Su condición médica se reporta como grave pero estable.
La jefa de policía aclaró que las fuerzas municipales no participaron en la ejecución del tiroteo y únicamente colaboraron en el control del tráfico. Las investigaciones sobre lo sucedido quedaron a cargo de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía de Austin junto a los Texas Rangers.
Tras reportarse el suceso, grupos de personas se concentraron en las inmediaciones del sitio con teléfonos móviles y banderas, registrándose altercados verbales con las autoridades que requirieron el uso de agentes disuasivos como gas pimienta.
Exigencia de transparencia y tensiones políticas
El alcalde de Austin, Kirk Watson, expresó su malestar por el despliegue del ICE, señalando que la actuación de la agencia genera temor en la población y cuestionando la transparencia de los procedimientos de autoevaluación interna de las agencias federales.
Por su parte, el representante a la Cámara por Texas, el demócrata Greg Casar, exigió la publicación inmediata de los registros de las cámaras corporales de los agentes actuantes y la apertura de una indagatoria independiente. El legislador calificó el hecho como parte de un patrón preocupante en las operaciones de control migratorio a nivel nacional, instando a las autoridades federales a rendir cuentas públicas sobre las circunstancias que provocaron el uso de la fuerza.
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