Unos 5.000 venezolanos llegan este viernes 2 de octubre a una fecha clave para su situación migratoria en Estados Unidos: vence la protección del Estatus de Protección Temporal (TPS) que todavía mantenía vigente un grupo reducido de beneficiarios.
La fecha deriva de una extensión anunciada en enero de 2025, que estableció el 2 de octubre de 2026 como nuevo vencimiento.
Posteriormente, la Administración Trump buscó revertir esa extensión y la Corte Suprema permitió que la terminación avanzara para la mayoría de los beneficiarios.
¿Por qué algunos venezolanos conservaron el TPS?
El grupo que llega a esta fecha con protección vigente corresponde a personas que recibieron determinados documentos de TPS con fecha de vencimiento del 2 de octubre de 2026, emitidos hasta el 5 de febrero de 2025.
Un juez federal mantuvo la protección de estos beneficiarios mientras continúa el litigio relacionado con el programa. Esta situación permitió que permanecieran bajo el TPS después de que la terminación afectara a la mayoría de los venezolanos inscritos.
El caso generó una situación particular dentro del programa, ya que no todos los beneficiarios venezolanos quedaron sujetos al mismo calendario migratorio.
¿Qué deben revisar los venezolanos cuyo TPS vence?
El vencimiento del TPS significa que quienes dependían exclusivamente de esa protección deben revisar qué alternativas migratorias tienen disponibles.
La situación puede ser diferente para quienes cuentan con otro estatus migratorio vigente o con un permiso de trabajo obtenido mediante una categoría migratoria distinta. En esos casos, la pérdida del TPS no necesariamente determina por sí sola la situación migratoria de la persona.
Los beneficiarios también deben verificar la fecha y la categoría que aparecen en sus documentos antes de asumir que el vencimiento afecta su caso de la misma manera.
La evolución del litigio podría generar nuevos cambios, por lo que los venezolanos afectados deben consultar las comunicaciones oficiales de USCIS y, cuando corresponda, buscar asesoría de un abogado de inmigración o representante acreditado antes de tomar decisiones sobre su permanencia o autorización de empleo.
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