En una acción legal de último minuto que busca proteger la estabilidad económica de la región, los estados de Nueva Jersey y Nueva York han presentado una demanda federal contra la Administración Trump.
La medida busca desbloquear 15.000 millones de dólares en fondos federales que han sido congelados, poniendo en riesgo directo el Proyecto Gateway, la obra de infraestructura más crítica para el noreste de EEUU.
La demanda, interpuesta en el Distrito Sur de Nueva York, solicita una orden de emergencia antes de este viernes 6 de febrero, fecha en la que se ha ordenado el cese total de las obras activas.
De no prosperar, más de 1.000 trabajadores perderán su empleo de inmediato y la construcción de los nuevos túneles ferroviarios bajo el río Hudson quedará en un limbo indefinido.
Un conflicto político con impacto real
La fiscal general en funciones de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, calificó la retención de fondos como "ilegal y arbitraria".
Según la demanda, el Departamento de Transporte (DOT) suspendió los pagos el pasado septiembre de 2025 alegando una "revisión de cumplimiento".
Sin embargo, declaraciones recientes del Ejecutivo sugieren que la medida es una represalia política.
El proyecto Gateway no solo es transporte; su paralización afecta el valor de las propiedades en ciudades dormitorio de Nueva Jersey donde residen muchas familias hispanas (como Union City, Elizabeth o Jersey City)
¿Por qué es vital este proyecto para la comunidad?
Para los residentes hispanos y trabajadores del área metropolitana, el túnel actual (construido en 1910) es un cuello de botella constante.
Tras los daños estructurales dejados por el huracán Sandy en 2012, el túnel sufre retrasos crónicos que afectan a 200.000 pasajeros diarios.
Si el Proyecto Gateway se detiene definitivamente:
- Capacidad de transporte: Amtrak y NJ Transit podrían verse obligados a reducir el servicio en un 75% en horas punta.
- Impacto económico: se estima una pérdida de 100 millones de dólares diarios para la economía regional debido a la falta de movilidad.
- Costos estatales: los estados ya han invertido más de 500 millones de dólares y adquirido terrenos que quedarían abandonados, generando nuevos riesgos de salud pública y seguridad en las zonas de construcción.
El futuro inmediato
La Comisión de Desarrollo Gateway (GDC) ya notificó a los contratistas que deben detener actividades este viernes.
La decisión final recae ahora en los tribunales federales, que deberán decidir si otorgan la medida cautelar para que el flujo de dinero se reanude y las excavaciones continúen.
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