Un juez federal abrió este martes el camino para que la administración de Donald Trump ponga fin a las protecciones contra la deportación de unos 5.000 ciudadanos etíopes que permanecen en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS).
El juez de distrito Brian E. Murphy rechazó la solicitud de African Communities Together, organización que representa a inmigrantes africanos, para mantener vigente la protección mientras continúa el proceso judicial. La decisión permite al Gobierno avanzar con la terminación del TPS para los etíopes, aunque el litigio todavía continúa.
El TPS permite a ciudadanos de determinados países permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos cuando las condiciones de su nación —como conflictos armados, desastres naturales o crisis extraordinarias— hacen inseguro su regreso.
La administración Trump sostiene que el programa tiene carácter temporal y cuestiona las extensiones realizadas durante gobiernos anteriores.
Etiopía recibió protección durante el conflicto de Tigray
La protección para determinados ciudadanos etíopes surgió después del conflicto armado que comenzó a finales de 2020 en Tigray y posteriormente se extendió a otras regiones.
La Unión Africana ha estimado que la guerra dejó cientos de miles de muertos, además de una crisis humanitaria que afectó a millones de personas.
En 2022, el Gobierno de Joe Biden otorgó TPS a determinados ciudadanos etíopes que ya se encontraban en Estados Unidos y posteriormente extendió la designación en 2024, bajo la gestión del entonces secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, debido a la persistencia de las condiciones que dificultaban el retorno.
El Departamento de Seguridad Nacional intentó terminar la protección en febrero de 2026, pero Murphy bloqueó inicialmente la medida. Ahora, el magistrado rechazó nuevos argumentos de los abogados de los beneficiarios, quienes alegaban que DHS había actuado fuera de sus facultades.
La decisión forma parte de una ofensiva más amplia
Los abogados también sostenían que la terminación vulneraba las garantías de debido proceso establecidas por la Constitución y cuestionaban la autoridad de la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para cancelar la designación.
El fallo llega después de otras decisiones judiciales que han permitido a la administración Trump avanzar contra protecciones migratorias para ciudadanos de Haití, Sudán del Sur y Somalia. La Corte Suprema también permitió este verano que el Gobierno terminara determinadas protecciones para ciudadanos de Siria y Haití.
El escenario forma parte de una disputa migratoria de mayor alcance que amenaza con dejar sin TPS a más de un millón de personas que hasta hace poco podían vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos bajo ese programa.
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