La administración Trump invocó el "privilegio de secretos de Estado" y se negó a proporcionar información adicional a un juez federal sobre la deportación de migrantes venezolanos deportados a El Salvador.
El caso ha generado tensiones crecientes con los tribunales federales. El juez James Boasberg evalúa si el gobierno desobedeció su orden de hacer regresar aviones que transportaban migrantes, tras bloquear las deportaciones de personas consideradas pandilleros sin el debido proceso, destaca AP.
Boasberg solicitó detalles sobre los vuelos y los pasajeros, pero el gobierno argumentó que revelar esta información perjudicaría “intereses diplomáticos y de seguridad nacional”.
Abogados apelaron
Los abogados del gobierno también pidieron a un tribunal de apelaciones que levantara la orden de Boasberg, lo que generó divisiones entre los jueces.
La jueza Patricia Millett comparó el tratamiento de los migrantes venezolanos con el de los nazis detenidos en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, lo que el abogado del Departamento de Justicia rechazó.
Millett forma parte de un panel de tres jueces que decidirán sobre la orden que prohíbe temporalmente las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
Un segundo juez mostró apertura hacia el argumento del gobierno, sugiriendo que los migrantes deberían impugnar su detención en Texas.
El gobierno ha deportado a cientos de venezolanos a El Salvador, invocando esta ley por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial.
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