Durante su campaña electoral, Donald Trump prometió implementar deportaciones masivas, una estrategia que ahora, como presidente electo, podría materializarse con el respaldo de la Guardia Nacional.
Según un exfuncionario del gobierno federal, la nueva administración planea emplear este recurso, incluso haciendo uso de la Ley de Enemigos Extranjeros con la denominada "Operación Aurora".
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Recursos a disposión de Trump
De acuerdo con la información, el exfuncionario, quien participó en una llamada informativa con líderes de organizaciones migratorias, explicó que, aunque la nueva administración enfrentará desafíos en estados gobernados por demócratas, puede solicitar asistencia logística del ejército en aquellos estados donde gobiernan los republicanos.
“Conociendo los recursos que tiene la Guardia Nacional en torno a la logística de apoyo a la deportación masiva, se crearía esa capacidad ampliada”, afirmó. Esto, según él, permitiría que “más rápidamente se expulse a los no ciudadanos”.
Asimismo, los líderes de las organizaciones migratorias presentes en la llamada expresaron su preocupación por los posibles procesos de deportación masiva que podrían ser implementados, todos ellos optaron por permanecer en el anonimato debido a la sensibilidad del asunto.
"Teatro político"
Por su parte, el exfuncionario, quien también es reservista de la Guardia Nacional, reconoció que, aunque el margen de acción del Congreso en su mayoría puede ser mínimo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dispondría de los recursos necesarios para llevar a cabo un programa de deportación eficaz.
Además, se anticipa que la participación del ejército no se limitaría a las redadas, sino que se centraría en la logística de movilización de personas detenidas. Si bien la implementación de órdenes a gobiernos demócratas puede generar divisiones, también podría presionar para que cooperen con las acciones de la administración de Trump.
No obstante, las implicaciones políticas de estas acciones son significativas. Una experta advirtió que esto podría resultar en “teatro político”, forzando a los gobernadores de estados demócratas a posicionarse en cuestiones complejas sobre la colaboración intergubernamental.
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