Un pequeño municipio rural ubicado en la frontera texana ha decidido llevar ante los tribunales federales a la administración federal.
El distrito de desarrollo de Presidio, una comunidad de apenas 3,200 habitantes, se encuentra en pie de lucha para frenar la construcción acelerada del muro fronterizo impulsado por el presidente Donald Trump.
La localidad sostiene que el proyecto gubernamental amenaza con alterar gravemente el sistema de diques que la protege de catastróficas inundaciones fluviales.
El enfrentamiento legal contrapone los intereses de una comunidad local contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que gestiona un presupuesto de 46,000 millones de dólares para completar el muro desde el océano Pacífico hasta el Golfo de México.
El caso pone de relieve el histórico choque entre los municipios pequeños y el gobierno central en Washington, justo en un momento en que los cruces irregulares en la zona se encuentran en mínimos históricos debido al difícil terreno de la región de Big Bend.
El riesgo de inundaciones y la amenaza a los diques del Río Bravo
La principal preocupación de los habitantes de Presidio radica en el impacto directo de las obras sobre la infraestructura hidráulica construida entre las décadas de 1970 y 1980 a lo largo del Río Bravo.
Según los documentos presentados en el tribunal, los planes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) contemplan reemplazar la pendiente de tierra del dique existente por un muro de concreto rematado con paneles de bolardos de acero de 30 pies de altura.
Representantes legales del distrito, encabezados por la organización Democracy Forward, advirtieron sobre el peligroso historial de construcciones fronterizas que han incrementado los riesgos de inundación en el pasado.
Los abogados denunciaron además que las autoridades federales se han negado a compartir los estudios técnicos y detalles del diseño alegando razones de "seguridad nacional".
Por su parte, la defensa del Departamento de Justicia argumentó durante la audiencia que es prematuro hablar de daños potenciales debido a que la CBP aún no ha aprobado un diseño definitivo.
Asimismo, la representación gubernamental justificó la urgencia de las obras bajo el objetivo de reducir a cero los cruces fronterizos diarios, calificando las bajas cifras actuales como una mera "anomalía".
Exención masiva de leyes y el choque por la Ley de Ríos y Puertos
Para acelerar los trabajos, la administración federal ha hecho uso de facultades otorgadas por el Congreso para eximir una amplia gama de regulaciones ambientales, de protección arqueológica y de infraestructura.
Tanto la exsecretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem como el actual secretario, Markwayne Mullin, han aplicado estas exenciones de manera generalizada a lo largo de las 2,000 millas de frontera.
No obstante, los abogados de Presidio sostienen que el gobierno ha sobrepasado los límites legales al ignorar la Ley de Ríos y Puertos, la cual exige consultar y obtener autorización previa del Cuerpo de Ingenieros del Ejército antes de realizar modificaciones sobre sistemas de control de inundaciones.
Desde Democracy Forward calificaron la maniobra gubernamental como un "ejercicio extraordinario de autoridad" que pone en riesgo a la población local para eludir la supervisión regulatoria.
Plazos de construcción y la postura del tribunal
A pesar de que las cuadrillas de construcción ya han posicionado suministros y paneles de acero en las inmediaciones, las obras físicas en la zona de Presidio aún no han comenzado.
Durante la audiencia, la representación del gobierno federal estimó que los trabajos podrían iniciar entre finales de agosto y el mes de octubre, alineándose con los objetivos del ejecutivo de levantar cerca de 6 millas de muro por semana a nivel general.
El juez federal Reggie Walton, a cargo del caso, se mostró escéptico ante las posturas de ambas partes. Walton cuestionó la meta del gobierno de lograr "cero cruces", señalando que la migración es una realidad persistente, al tiempo que analizaba el alcance exacto de su autoridad judicial frente a las facultades de exención concedidas por el Congreso. Se espera que el tribunal emita un fallo definitivo sobre la solicitud de paralización la próxima semana.
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