El venezolano Wilber Rafael Garcés Pérez, quien recibió un disparo de un agente de ICE durante un operativo en Austin, Texas, enfrenta ahora un cargo federal por presuntamente agredir y resistirse a un funcionario federal.
La acusación presentada por fiscales federales añade un nuevo capítulo al caso que comenzó el 20 de septiembre, cuando Garcés Pérez se encontraba trabajando como repartidor de DoorDash.
Según la denuncia, agentes de ICE identificaron el vehículo del venezolano frente a un restaurante y comprobaron que existía una orden final de deportación.
Cuando salió del establecimiento, los agentes iniciaron una parada y, de acuerdo con la versión federal, el encuentro comenzó de manera cordial.
Fiscalía dice que golpeó a un agente con el vehículo
Los documentos judiciales sostienen que Garcés Pérez entregó su identificación y luego preguntó si podía mover su automóvil antes de ser detenido. Los agentes le indicaron que permaneciera en el lugar y que saliera del vehículo.
Según la acusación, el venezolano subió la ventana y arrancó. Durante la maniobra, el espejo lateral del automóvil habría golpeado a uno de los agentes.
La situación derivó en una persecución que duró aproximadamente ocho minutos. El agente que llevaba la cámara corporal perdió posteriormente el vehículo y abandonó la persecución. Otro funcionario informó que Garcés Pérez había intentado embestirlo y, según la fiscalía, efectuó el disparo que lo hirió.
El agente que realizó el disparo no llevaba cámara corporal, un aspecto que ya había generado cuestionamientos sobre el caso.
El venezolano permanece bajo custodia
Garcés Pérez fue trasladado a un hospital después del tiroteo y posteriormente quedó bajo custodia migratoria. Su abogado ha señalado que la bala permanecía alojada en su espalda y cerca de la columna vertebral.
La defensa también ha cuestionado la versión oficial sobre el encuentro. Garcés Pérez afirmó que no sabía inicialmente que quienes lo seguían eran agentes de ICE y sostuvo que la situación ocurrió de una manera diferente a la descrita por el Gobierno.
El caso migratorio también continúa abierto. Un juez federal había bloqueado temporalmente su deportación y fijado una audiencia para revisar esa situación.
Ahora, además del proceso migratorio, Garcés Pérez deberá enfrentar la acusación penal federal. Si resulta condenado por el cargo, podría recibir una pena de hasta 20 años de prisión, según los fiscales. La acusación, sin embargo, no equivale a una condena y el caso deberá continuar ante la justicia federal.
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