Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes presentaron una demanda a Trump y a su gobierno por limitar el acceso a asesoría legal de las personas detenidas en el centro migratorio conocido como Alligator Alcatraz, ubicado en los Everglades de Florida.
La acción legal, respaldada por organizaciones como la ACLU de Florida y Americans for Immigrant Justice, señala múltiples violaciones a los derechos fundamentales de los migrantes, incluidos el debido proceso y la posibilidad de recibir defensa jurídica efectiva, reseña EFE.
Los demandantes incluyen inmigrantes detenidos, así como abogados de organizaciones como Florida Keys Immigration y Sanctuary of the South, quienes han denunciado que el gobierno prohíbe las visitas de abogados, impide compartir información confidencial por teléfono o video y bloquea el intercambio de documentos escritos con los detenidos.
Esta situación, afirman, deja a los migrantes totalmente desprotegidos ante la ley.
Demanda a Trump por el polémico centro
“Estas restricciones violan los derechos de las personas detenidas y de las organizaciones de servicios jurídicos y de abogados con clientes recluidos en el centro”, señalaron los demandantes, representados por ACLU de Florida y Americans for Immigrant Justice.
Además de las restricciones legales, la denuncia expone las pésimas condiciones de vida dentro del centro de detención. Se describen temperaturas extremas, presencia de mosquitos, inundaciones en las tiendas, escasez de agua potable y comida en mal estado.
También se reportan fallas en los baños y alcantarillas que han obligado a los detenidos a destapar los retretes manualmente, sin protección, así como la negación de derechos religiosos básicos.
Alligator Alcatraz: un "capítulo oscuro" para la historia de EEUU
El centro, construido en tan solo dos semanas sobre un antiguo aeródromo y rodeado de caimanes y pitones, ha sido calificado como un símbolo de abuso de poder y falta de humanidad.
“Este centro abre otro oscuro capítulo en la historia de nuestra nación”, declaró Eunice Cho, abogada principal del caso, quien lo considera una manifestación de “odio desenfrenado” y de una autoridad gubernamental sin control.
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