Walmart acordó pagar 50 millones de dólares para resolver acusaciones del gobierno de Estados Unidos relacionadas con la dispensación ilegal de miles de recetas de opioides y otras sustancias controladas en sus farmacias.
El Departamento de Justicia (DOJ) y la Administración para el Control de Drogas (DEA) anunciaron el acuerdo, que pone nuevamente bajo la lupa el papel de las farmacias en la crisis de opioides que afecta al país.
El caso se remonta a 2013 y la demanda federal comenzó al final del primer mandato de Donald Trump. Posteriormente, el gobierno modificó la denuncia durante la administración de Joe Biden.
Las autoridades acusaron a Walmart de incumplir disposiciones de la Ley de Sustancias Controladas (CSA) al permitir la distribución de medicamentos mediante recetas que presentaban señales de alerta.
Farmacéuticos alertaron sobre recetas sospechosas
Según el DOJ, algunos farmacéuticos de Walmart comunicaron internamente sus preocupaciones sobre posibles irregularidades. Las advertencias incluyeron miles de formularios utilizados para registrar negativas a dispensar determinados medicamentos.
La denuncia sostiene que, pese a esas alertas, el equipo corporativo de cumplimiento no habría dado prioridad suficiente al cumplimiento de las normas federales.
El gobierno incluso citó un correo electrónico de un director de ese equipo en el que se consideraba que impulsar las ventas y la atención a los pacientes representaba un mejor uso del tiempo de determinados responsables regionales.
Los investigadores también señalaron que algunas farmacias habrían dispensado recetas procedentes de médicos que presuntamente recetaban medicamentos de manera indiscriminada.
Entre las señales de alerta mencionadas aparecen combinaciones peligrosas de opioides y otros medicamentos, solicitudes frecuentes de surtido anticipado y dosis elevadas de opioides.
Walmart tendrá nuevas obligaciones
El acuerdo no se limita al pago de los $50 millones. Como parte de la resolución, Walmart deberá establecer una línea directa para que empleados y pacientes puedan denunciar posibles actividades ilegales relacionadas con medicamentos controlados.
La compañía también tendrá que implementar mecanismos para supervisar de manera proactiva los patrones de dispensación en sus farmacias y detectar comportamientos que puedan indicar irregularidades.
El fiscal general adjunto Stanley Woodward afirmó que el acuerdo demuestra el compromiso del Departamento de Justicia con la protección de los estadounidenses y con la exigencia de responsabilidad a las empresas que manejan sustancias controladas.
El caso vuelve a colocar a las grandes cadenas de farmacias en el centro del debate sobre el control de opioides en Estados Unidos.
El gobierno sostiene que las obligaciones de las farmacias buscan impedir que los incentivos comerciales terminen facilitando la distribución indebida de medicamentos que pueden generar dependencia y sobredosis.
Walmart no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de FOX Business sobre el acuerdo.
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