Oficinas del orden público de siete entidades de Estados Unidos revivirían un programa de colaboración con agencias federales migratorias, el cual fue rescindido hace más de una década.
Se trata del programa 287(g) de Task Force, el cual permite a las agencias estatales y locales colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en la aplicación de leyes migratorias, reseñó Univisión.
Este acuerdo delega funciones de control migratorio en fuerzas del orden locales con dos modelos distintos, ambas bajo la supervisión de la agencia federal.
El fin de este programa estuvo marcado por una investigación del Departamento de Justicia que demostró que autoridades de algunas localidades realizaron detenciones ilegales de latinos y redadas indiscriminadas en comunidades hispanas.
Entre los estados que aplican el modelo de 287(g) se encuentra más Florida. La incorporación de más agencias en este acuerdo no sería sorpresa.
El gobernador de la entidad, Ron DeSantis, afirmó abiertamente que cooperará con la agenda de detenciones y deportaciones masivas del presidente Donald Trump.
Además, desde hace dos años, DeSantis ha firmado leyes estrictas en contra de la inmigración indocumentada, las cuales contemplan desde la criminalización de quienes transporten a personas sin documentos en el estado, hasta el mandato de aplicar la pena de muerte contra inmigrantes que cometan delitos capitales.
Otro de los estados que se suman a la iniciativa es Texas. Su gobernador, Greg Abbott, también firmó una de las leyes más duras contra la inmigración. Sin embargo, esta fue frenada temporalmente por la Corte Suprema.
No obstante, Abbot aplicó una controvertida política antiinmigrante en el estado fronterizo, l instalar boyas en el Río Bravo y anunció redadas migratorias en comunidades de mayoría hispana.
Otros estados como New Hampshire y Oklahoma ya habían puesto en marcha distintas políticas contra la inmigración indocumentada.
El primero había invalidado las licencias de conducir de otros estados; mientras que el segundo prohibió brindarles servicios, salvo que estén relacionados con educación, su detención o transporte fuera del estado.
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