Un juez federal bloqueó temporalmente la aplicación de una nueva legislación en el estado de Virginia que buscaba reestructurar y limitar la cooperación entre los cuerpos policiales locales y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
La medida cautelar dictada por el juez Robert Payne deja sin efecto la exigencia legal que obligaba a reescribir antes del 1 de septiembre los convenios enmarcados en el programa federal 287(g), reportó El Tiempo Latino.
Dicha normativa, contenida en las leyes SB 783 y HB 1441 promulgadas a principios de año, pretendía imponer restricciones severas a las operaciones de la agencia federal, como la prohibición de intervenir en escuelas, iglesias y tribunales, la exigencia de órdenes judiciales para ingresar a viviendas y un mayor control sobre el uso de tecnologías de vigilancia.
El fallo responde a un recurso presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, organismo que argumentó que la ley estatal vulneraba la Cláusula de Supremacía de la Constitución al interferir en contratos vigentes entre el Gobierno federal y las jurisdicciones locales.
Con esta decisión, los acuerdos de colaboración entre la policía local e ICE que ya estaban firmados permanecerán operativos sin modificaciones mientras continúa el litigio en la corte federal del Distrito Este de Virginia.
Sin embargo, la resolución judicial mantuvo en firme una restricción: aquellas localidades que no formaban parte del programa 287(g) no podrán incorporarse por primera vez durante el desarrollo del proceso legal.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado anunció que interpondrá una apelación inmediata para intentar restituir las limitaciones a los agentes migratorios, en medio de un debate marcado por el alto número de detenciones de personas sin antecedentes penales en la región.
¿Qué implica esta decisión para la comunidad migrante?
Con esta resolución judicial, el panorama para las familias hispanas e inmigrantes en Virginia registra cambios inmediatos en el ámbito operativo:
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Cooperación policial activa: Las policías locales que ya colaboraban con ICE bajo el programa 287(g) mantendrán sus atribuciones para verificar el estatus migratorio de las personas detenidas e informar a los agentes federales.
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Sin restricciones en zonas sensibles: Al suspenderse la ley estatal, no entrarán en vigor las prohibiciones relativas a la presencia o actuación de la agencia migratoria cerca de escuelas, templos religiosos o tribunales.
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Monitoreo tecnológico: Las agencias de seguridad de los condados podrán continuar compartiendo con ICE bases de datos y registros de cámaras de lectura de matrículas.
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Freno a nuevos acuerdos: La decisión judicial mantuvo congelada la expansión del programa, por lo que las localidades que nunca habían firmado convenios con ICE no podrán sumarse por primera vez mientras el caso siga en los tribunales.
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