Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Adunas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron a una pareja de migrantes venezolanos y enviada bajo engaños a El Salvador, a pesar de que uno de ellos tenía Estatus de Protección Temporal (TPS) y orden voluntaria de salida.
Franyeli Zambrano y su esposo Rolando Barrero Villegas fueron detenidos en Utah en febrero de este año en un control migratorio de rutina, ambos aceptaron firmar voluntariamente su deportación creyendo que los enviarían de vuelta a Venezuela, pero terminaron en El Salvador.
“No están en Venezuela, están en El Salvador”, dijo Zambrano a CNN al aterrizar en territorio centroamericano.
La pareja de migrantes fue separada, a Barrero lo enviaron al Centro de Confinamiento de Terrorismo (Cecot), la prisión de máxima seguridad del gobierno salvadoreño que recluye a los más peligrosos pandilleros.
La mujer señaló que fue tratada “peor que un animal” en vista que durante su detención no se le brindó agua ni alimentación.
Fueron detenidos por tener tatuajes
Zambrano, la dama, fue deportada a Venezuela en abril, pero su esposo continúa detenido en El Salvador acusado de tener supuestos vínculos con las pandillas y bandas delictivas como el Tren de Aragua, debido a sus tatuajes, acusación que consideran infundada y discriminatoria.
“¿Desde cuándo un tatuaje es un delito?. Mi esposo tiene dibujos que representan a nuestra familia, nuestra lucha, no son símbolos de ninguna banda. Esa fue la única razón que usaron para destruirnos como familia”, afirmó Franyeli Zambrano.
Zambrano inició una campaña para denunciar el caso y exigir a las autoridades que su esposa sea liberado y enviado a Venezuela. Aseguró que lo sucedido es una clara evidencia del abuso sistemático que enfrentan los migrantes, la criminalización y la discriminación.
“Voy a hacer todo lo que esté en mis manos para devolverle su papá a mis hijos (…)”, dijo.
Organizaciones defensoras de derechos humanos calificaron el caso como un abuso de poder de parte del ICE, y enfatizaron que la deportación o traslado a países distintos al acordado y su envío a centros penitenciarios de alta seguridad, podría constituir una violación al debido proceso y al derecho internacional.
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