La Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, en coordinación con la Fuerza de Tarea contra el Fraude de la Casa Blanca, formalizó la emisión de citaciones judiciales (subpoenas) dirigidas a nueve instituciones universitarias de primer nivel.
La pesquisa federal a la educación superior busca esclarecer si estas casas de estudio incurrieron en esquemas de fraude migratorio y competencia desleal al utilizar el programa de intercambio cultural y académico J-1 para cubrir plazas de investigación científica.
Las instituciones bajo auditoría oficial comprenden a las universidades de Harvard, Yale, Stanford, Brown, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), el Instituto de Tecnología de California (Caltech), la Universidad de California en Davis (UC Davis), la Universidad de Pittsburgh y la Universidad Estatal de Arizona (ASU).
Fundamentos de las citaciones y presuntas distorsiones laborales
De acuerdo con los reportes presentados por el equipo investigador, la indagatoria analiza si los centros de estudio emplearon los visados J-1 para eludir los marcos salariales regulados y sustituir a graduados e investigadores estadounidenses por personal extranjero con remuneraciones inferiores.
Las autoridades señalaron que en los planteles citados, la proporción de investigadores bajo el visado J-1 vinculados a proyectos con financiamiento público federal alcanza un promedio del 61%, frente al 38% registrado en la media nacional.
El expediente elaborado por la célula de fiscalización Visa Fraud Strike Team revisa la existencia de brechas salariales estimadas en aproximadamente 20.000 dólares anuales entre profesionales locales y poseedores de visados de intercambio en posiciones equivalentes.
Asimismo, la investigación evalúa posibles riesgos a la seguridad nacional derivados de transferencias no autorizadas de tecnología o financiamientos opacos en investigaciones científicas financiadas con fondos estatales.
"Están utilizando estas visas de manera desmedida para mermar los salarios de los estudiantes graduados y los investigadores estadounidenses, y eso tiene que detenerse", aseveró la vicepresidencia al anunciar el inicio de las acciones judiciales.
Postura de los centros académicos y alcance procesal
Portavoces de las instituciones notificadas, entre ellas Harvard, MIT, Stanford y Yale, confirmaron la recepción de las citaciones y manifestaron su disposición a colaborar con las autoridades federales.
Las administraciones universitarias defendieron la legalidad de sus procedimientos de contratación, enfatizando que cada beneficiario del programa J-1 cuenta con la verificación previa del Departamento de Estado y que la presencia de académicos internacionales constituye un pilar estratégico para la innovación científica del país.
El Inspector General del Departamento de Trabajo, Anthony D’Esposito, aclaró que la emisión de las citaciones constituye la etapa inicial del proceso de recolección de pruebas y que hasta el momento no se han formulado cargos penales definitivos contra las universidades o los beneficiarios individuales de los visados.
Las autoridades advirtieron que los hallazgos de las auditorías podrían derivar en sanciones administrativas, la suspensión del derecho de patrocinio de visados de intercambio o eventuales demandas ante los tribunales federales.
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