A pocas horas de las elecciones legislativas de este tres de noviembre, Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca y uno de los principales asesores del presidente Donald Trump, lanzó una dura acusación contra los estados gobernados por el Partido Demócrata. El funcionario denunció públicamente que las administraciones locales de esas regiones descuidan los controles fronterizos y migratorios dentro de los procesos de votación.
Ciudadanía de los electores: ¿De qué trata?
Miller aseguró que ninguno de esos estados habría verificado integralmente la ciudadanía de sus electores ni entregado sus registros al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para contrastarlos con las bases de datos federales. Según la perspectiva del asesor presidencial, la cantidad de extranjeros inscritos ilegalmente para votar podría alcanzar cifras astronómicas, aunque omitió presentar antecedentes públicos suficientes para demostrar esa magnitud exacta en el territorio nacional.
Momento de tensión
Esta grave denuncia surge en medio de una creciente confrontación entre Washington y varios gobiernos estatales por el acceso a los padrones electorales y las facultades federales para fiscalizar su legalidad. La disputa central gira en torno a la soberanía de los estados para administrar sus propios comicios frente a la exigencia del poder ejecutivo de revisar minuciosamente cada lista de votantes en busca de posibles irregularidades migratorias.
Error en la base de datos
Existen antecedentes específicos de verificaciones previas realizadas por estados demócratas que matizan el panorama general. Por ejemplo, el estado de Michigan revisó más de siete millones doscientos mil registros electorales e identificó quince posibles casos de votación por no ciudadanos en el año dos mil ve recientemente. Por otra parte, Nueva Jersey detectó aproximadamente seis mil seiscientas inscripciones indebidas originadas por un error informático y procedió de inmediato a corregir sus registros.
Proceso legal
La controversia escaló hasta el máximo tribunal judicial del país. La Corte Suprema rechazó una solicitud urgente del Gobierno de Trump para impedir provisionalmente que California contabilizara los sufragios de más de veinte mil electores cuya ciudadanía las autoridades federales cuestionan intensamente. La decisión judicial mantuvo habilitada la participación de esos ciudadanos mientras los tribunales inferiores continúan evaluando el fondo del litigio legal.
Pruebas de un fraude electoral
Aunque votar sin ciudadanía estadounidense constituye un delito grave en las elecciones federales, los organismos electorales independientes afirman que todavía no existen pruebas concluyentes de un fraude electoral masivo protagonizado por extranjeros. A pesar de ello, la disputa abre un serio debate constitucional sobre las atribuciones del Gobierno federal, la autonomía electoral de los estados y la legitimidad de los resultados en unos comicios decisivos para el control del Congreso.
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