El Código de Transporte de Texas clasifica el acto de operar un vehículo sin licencia o con un permiso inválido (DWLI) como un delito menor de Clase C en su primera infracción.
Las sanciones iniciales contemplan multas judiciales de hasta $500, a las que se suman recargos estatales y tarifas procesales, según detalla La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).
No obstante, la reincidencia escala con rapidez: una segunda falta en un plazo de 12 meses asciende a delito menor de Clase B, elevando las multas hasta $2 000 y acarreando posibles condenas de hasta 180 días de cárcel.
Peligro
El verdadero peligro legal surge cuando el conductor ignora la infracción. Si la persona no comparece ante el tribunal municipal o la corte de paz en la fecha límite señalada en la boleta, el juez emite un cargo penal por falta de comparecencia (Failure to Appear) y gira una orden de arresto activa (warrant).
A partir de ese momento, cualquier patrullaje rutinario del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) o de la policía local culminará en la detención inmediata del conductor y el traslado a la cárcel del condado.
Procedimiento
Durante la detención o tras la emisión de una orden, las fuerzas del orden proceden habitualmente al remolque e incautación (impoundment) del automóvil si ningún acompañante con licencia válida y seguro asume el control del vehículo en el sitio.
La ACLU de Texas y abogados litigantes advierten que los costos diarios de grúa y depósito privado ascienden con rapidez a cientos de dólares.
Si el propietario no reclama el automóvil ni liquida las tarifas correspondientes en los plazos fijados por la ciudad, el corralón subasta o embarga definitivamente la unidad.
Medidas
Para desactivar este escenario crítico antes del arresto, el infractor debe contactar a la corte de inmediato y solicitar una reprogramación de audiencia o acordar planes de pago accesibles y horas de servicio comunitario.
Si el tribunal ya expidió la orden de detención, la vía más segura consiste en tramitar una fianza de fianza (bond) mediante un abogado defensor para anular el arresto, retirar la orden del sistema policial y defender el caso ante el juez sin exponerse a la cárcel ni perder el patrimonio familiar.
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