El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha intensificado su fiscalización sobre la contratación de inmigrantes irregulares por parte de las empresas.
Como resultado, tres negocios en Denver serán sancionados por la agencia migratoria con multas superiores a los $8 millones de dólares por tener empleados sin la documentación apropiada, reseña El Comercio.
¿Cuáles son las consecuencias que enfrentan las empresas que contratan a inmigrantes indocumentados?
Tras inspecciones laborales y una notificación de advertencia, se reveló que ICE considera las infracciones detectadas en CCS Denver, PBC Commercial Cleaning Systems y Green Management Denver como "violaciones generalizadas de elegibilidad de empleo", lo que resultó en multas para estas tres compañías.
ICE anunció en un comunicado de prensa que CCS Denver enfrentará la mayor multa de las tres empresas, ascendiendo a $6.186.171, debido a una tasa de incumplimiento del 100%.
Se alega que la compañía contrató y empleó al menos a 87 trabajadores indocumentados.
Con una tasa de incumplimiento del 74% y la acusación de haber empleado deliberadamente a por lo menos 12 trabajadores sin autorización, PBC Commercial Cleaning Systems, Inc. enfrentará una multa de $1.599.510, según informaron las autoridades federales de inmigración.
Por otro lado, destaca El Comercio, Green Management Denver deberá pagar una multa de $270.195 debido a una tasa de infracciones del 100%.
Funcionarios de ICE informaron que la empresa había empleado a 44 trabajadores inmigrantes indocumentados.
“El empleo de trabajadores no autorizados socava la integridad de nuestro sistema de inmigración y pone en desventaja a los empleadores que cumplen la ley”, expresó el agente especial a cargo, Steve Cagen.
“Estas sanciones refuerzan nuestro compromiso de hacer cumplir la ley y promover una cultura de cumplimiento”, añadió.
Cabe destacar que, según los funcionarios, la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tiene la tarea de garantizar el cumplimiento de las leyes laborales federales por parte de las empresas, utilizando principalmente auditorías I-9, sanciones civiles y, en ciertos casos, procesos penales.
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