El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) presentó una propuesta que busca endurecer las condiciones para otorgar permisos de trabajo a ciertos migrantes.
La medida se enfoca en reforzar los controles de elegibilidad, con especial atención a la verificación de identidad, la situación económica y el análisis individual de cada caso antes de aprobar una autorización laboral.
Tres grupos migratorios bajo revisión más estricta
La normativa afectaría principalmente a tres categorías de extranjeros que actualmente pueden solicitar el permiso de trabajo en Estados Unidos. Estas incluyen a personas con estatus de parole humanitario, migrantes con acción diferida y aquellos que se encuentran bajo órdenes de supervisión tras una orden final de remoción.
En términos generales, el DHS busca aplicar criterios más exigentes a estos grupos, con el objetivo de limitar el acceso automático al beneficio y reforzar la evaluación caso por caso.
Entre los cambios planteados, se establecen requisitos adicionales para quienes soliciten o renueven el permiso de empleo. Las autoridades migratorias exigen ahora una justificación más sólida de la necesidad económica, así como una revisión más profunda del perfil del solicitante. Los principales cambios incluyen:
- Presentación de información detallada sobre ingresos, gastos y activos.
- Evaluación discrecional del USCIS sobre si el solicitante “merece” el beneficio.
- Toma obligatoria de datos biométricos para verificación de identidad.
- Uso del sistema E-Verify en renovaciones para validar empleo formal.
La propuesta también contempla reducir la duración de las autorizaciones de trabajo, estableciendo periodos más cortos, generalmente de un año. Esto implicaría que los migrantes deban someterse a revisiones más frecuentes para mantener su estatus laboral activo dentro del país.
Además, el DHS busca limitar el acceso a permisos en casos donde la deportación no sea viable, ajustando los criterios de elegibilidad para quienes tienen órdenes de remoción.
Otro de los puntos clave de la reforma es el endurecimiento de los criterios relacionados con antecedentes penales. El DHS plantea que no se otorgará el permiso de trabajo a personas con ciertos antecedentes, incluso si no existe una condena definitiva.
Entre los casos evaluados se incluyen:
- Arrestos, acusaciones o procesos judiciales abiertos.
- Admisión de delitos violentos sin condena formal.
- Posibles vínculos con pandillas o grupos considerados peligrosos.
- Participación en programas judiciales con sanciones o restricciones.
De aprobarse, la medida podría impactar a miles de migrantes en Estados Unidos, especialmente a aquellos con estatus temporal o bajo supervisión, al imponer un proceso más exigente y con revisiones periódicas obligatorias.
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