Los trabajadores contratados por día y quienes operan bajo agencias de empleo temporales en Estados Unidos gozan de protecciones laborales universales, sin importar su estatus migratorio.
Bajo la Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA, por sus siglas en inglés), todo empleado tiene derecho al salario mínimo legal, al pago puntual de sus jornadas y al abono de horas extras cuando supere las 40 horas semanales.
Sin embargo, intermediarios y agencias informales incurren con frecuencia en prácticas ilícitas como la retención indebida de sueldos, cobros no autorizados por traslado o equipo y deducciones arbitrarias que reducen el ingreso por debajo del umbral reglamentario.
¿Qué hacer?
Frente a irregularidades salariales o fraudes de agencias no registradas, lo principal es poner una queja formal ante la División de Horas y Salarios (WHD) del Departamento de Trabajo de EE. UU. (DOL).
También puede acudir a las Divisiones de Normas Laborales del Departamento del Trabajo del estado correspondiente (como el NYSDOL en Nueva York o la DIR/DLSE en California).
Estas entidades estatales reciben denuncias de manera confidencial, procesan reclamos sin costo y ofrecen atención telefónica directa en español, garantizando que el denunciante no deba divulgar información migratoria para recuperar sus salarios no remunerados.
Sustento del reclamo
Para sustentar el reclamo y agilizar la intervención oficial, el trabajador debe recopilar evidencia tangible de cada jornada laborada y documentar las horas de entrada y salida.
También debe registrar las direcciones de las obras, anotar las matrículas de los vehículos de transporte asignados y conservar los datos de contacto de supervisores y contratistas resulta indispensable.
Organizaciones como la Red Nacional de Jornaleros (NDLON) y centros locales de trabajadores recomiendan respaldar estos reportes.
Puede hacerlo mediante bitácoras personales o registros en mensajes de texto, elementos que fortalecen la investigación administrativa estatal y facilitan la imposición de multas a intermediarios clandestinos.
Recuerde
La legislación federal y las regulaciones estatales prohíben explícitamente cualquier acto de represalia, despido, intimidación o amenaza de deportación contra quienes denuncien violaciones a sus garantías laborales.
Si el abuso involucra condiciones de riesgo físico o falta de equipo de protección en faena, la queja se canaliza en paralelo ante la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), que coordina operativos con los ministerios de trabajo estatales.
Las autoridades aplican sanciones severas que abarcan multas civiles, órdenes de restitución inmediata de sueldos atrasados e incluso el cierre judicial de agencias que operan al margen de la ley.
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