La revelación de la compra masiva de guantes de descarga eléctrica por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desató un amplio rechazo entre organizaciones de derechos civiles y autoridades en Estados Unidos (EEUU).
De acuerdo con lo reportado por medios locales, el plan, proyectado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), contempla destinar entre 10 y 20 millones de dólares a la adquisición del sistema G.L.O.V.E., desarrollado por la firma Compliant Technologies, con fecha límite de implementación para marzo de 2027.
Rechazo institucional y acciones legales
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) expresó una postura firme en contra del equipamiento.
Al respecto, voceros de la organización denunciaron que, al tratarse de un mecanismo accionado mediante un interruptor en la muñeca del agente y aplicado por contacto directo con la piel, el dolor infligido resulta prácticamente imperceptible para testigos o cámaras de seguridad, eliminando cualquier margen de rendición de cuentas sobre el uso de la fuerza.
A la oposición social se sumó la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien calificó la medida como un abuso de poder arbitrario. James advirtió que su administración iniciará demandas judiciales inmediatas y respaldará querellas civiles contra el gobierno federal si algún residente de su jurisdicción sufre agresiones con este tipo de tecnología.
¿Por qué la comunidad médica y activista los considera peligrosos?
Aunque el fabricante promociona el dispositivo como una alternativa que no deja cicatrices ni quemaduras permanentes, los documentos técnicos y manuales operativos advierten sobre severos riesgos para la salud humana:
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Emisión de voltajes de 324 a 380 voltios por contacto cutáneo directo, afectando el sistema neuromuscular periférico para doblegar a la persona en menos de tres segundos.
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Riesgo de muerte súbita si el pulso eléctrico se mantiene activado por más de 15 segundos continuos sobre el cuerpo de un individuo.
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Peligro elevado al aplicarse en poblaciones vulnerables como niños, adultos mayores, embarazadas o personas con afecciones médicas cardiacas y respiratorias.
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Imposibilidad de garantizar un uso adecuado en operativos callejeros bajo la rápida expansión y contratación de nuevos agentes sin la debida capacitación.
Ante la creciente ola de críticas, el DHS sostiene que la herramienta busca garantizar la seguridad de sus oficiales durante los arrestos.
No obstante, activistas insisten en que la compra de este insumo proyecta la mayor adquisición de tecnología de choque táctico en la historia global, sentando un peligroso precedente en materia de derechos humanos.
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