El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó una demanda civil ante el Tribunal de Distrito del Distrito Norte de California contra la empresa de transporte compartido Lyft. El recurso legal sostiene que la plataforma incurrió en prácticas discriminatorias continuadas al denegar viajes a personas con movilidad reducida o que se desplazan acompañadas por animales de asistencia.
Fundamentos del departamento de justicia y afectación a usuarios
El expediente oficial detalla vulneraciones al Título III de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 (ADA). De acuerdo con las autoridades, la empresa permitió que sus conductores rechazaran sistemáticamente a usuarios que trasladaban sillas de ruedas plegables o perros de servicio, además de cobrar cobros indebidos de cancelación tras rechazar las solicitudes de transporte.
La representación gubernamental enfatizó la necesidad de aplicar la normativa de transporte inclusivo. El fiscal general adjunto interino de la División de Derechos Civiles, Jesús A. Osete, fundamentó el alcance de la demanda:
«Las personas con discapacidad deben poder utilizar los servicios de transporte compartido sin discriminación. Tenemos la intención de hacer cumplir la promesa de la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA) de que las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de acceso en todos los ámbitos de la vida pública, incluidos los servicios de transporte esenciales».
Por su parte, el fiscal federal del Distrito Norte de California, Craig H. Missakian, remarcó la severidad del proceso:
«Nos tomamos muy en serio estas acusaciones de mala conducta y, al igual que en nuestro caso contra Uber por una conducta discriminatoria similar, dedicaremos todos los recursos necesarios para enmendar la situación. Hay mucho en juego y no les debemos menos a las personas con discapacidad».
Respuesta corporativa y medidas cautelares solicitadas
Ante los señalamientos de los fiscales, la gerencia de Lyft emitió un pronunciamiento institucional donde desestimó los términos de la querella y defendió las directrices vigentes dentro de su aplicación móvil.
En su declaración oficial, la empresa de transporte compartido rechazó la posición del gobierno:
«No estamos de acuerdo con las acusaciones del Departamento de Justicia. Todos los pasajeros merecen tener acceso a los viajes, sin excepción. Contamos con políticas de larga data que exigen a los conductores brindar apoyo a los pasajeros que viajan con animales de servicio o que utilizan dispositivos de movilidad plegables, y los conductores que infringen estas políticas enfrentan graves consecuencias, incluyendo la pérdida permanente del acceso a Lyft».
La plataforma añadió que ha colaborado durante la revisión y que incorporó notificaciones previas en su sistema para recordar a los conductores la ilegalidad de denegar estos trayectos. La demanda del Departamento de Justicia busca el pago de 53 millones de dólares en daños y perjuicios para las víctimas, la aplicación de sanciones civiles y una orden judicial que obligue a la compañía a capacitar a su personal e implementar modificaciones a sus políticas de atención.
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