Un fallo de la justicia estadounidense determinó que la Administración del presidente Donald Trump actuó de manera ilícita al disminuir las tarifas salariales aplicadas a los trabajadores agrícolas extranjeros que ingresan a Estados Unidos bajo el programa de visados temporales H-2A.
Debido a omisiones y a la falta de consulta pública adecuada, el juez del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Este de California, Kirk E. Sherriff, señaló en el dictamen que el Departamento de Trabajo (DOL), declaró las partes clave de la regulación como una medida "arbitraria y caprichosa" (arbitrary and capricious) bajo la Ley de Procedimiento Administrativo.
"Establecer salarios para la gran mayoría de los trabajadores agrícolas H-2A en un nivel considerablemente inferior al de otros trabajadores similares genera un impacto perjudicial que la ley prohíbe".
La cifra exacta del pago anterior y el pago actual, es necesario revisar la ubicación geográfica del trabajador, ya que el salario mínimo H-2A varía por cada estado de EE. UU. a través de una tasa oficial llamada AEWR (Ad Adverse Effect Wage Rate).
A continuación se muestra el impacto del recorte decretado por el Departamento de Trabajo (DOL) y los montos que deben restituirse tras el fallo judicial:
| Estado / Región | Salario anterior (Con la rebaja de Trump) | Salario restituido (Con el fallo judicial) | Diferencia / Recuperación |
| Washington / Oregón | 15.82 USD / hora | 19.25 USD / hora | +3.43 USD / hora |
| California | 14.77 USD / hora | 19.75 USD / hora | +4.98 USD / hora |
| Georgia | 11.99 USD / hora | 14.68 USD / hora | +2.69 USD / hora |
| Idaho / Montana | 11.54 USD / hora | 16.54 USD / hora | +5.00 USD / hora |
| Promedio Nacional (EE. UU.) | 13.50 USD / hora | 17.50 USD / hora | +4.00 USD / hora |
La resolución ordena al Departamento de Trabajo republicar la tabla salarial completa para todo el país y notificar a los empleadores agrícolas que deberán pagar de manera retroactiva las diferencias acumuladas durante los meses que aplicaron la rebaja.
Antecedentes y resolución judicial
El juez federal Kirk E. Sherriff anuló la normativa emitida en octubre por el Departamento de Trabajo (DOL), la cual redujo en algunos estados hasta siete dólares por hora el pago a los jornaleros. En la resolución, el magistrado instruyó a la dependencia federal a redactar y publicar un nuevo esquema salarial a la brevedad, además de notificar a los empleadores sobre la obligación de desembolsar pagos retroactivos a los trabajadores afectados.
"El Departamento de Trabajo no demostró adecuadamente ni justificó de manera razonable que su nueva metodología salarial cumpla con la obligación legal de garantizar que la contratación de trabajadores H-2A no afecte negativamente los salarios ni las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas estadounidenses".
El ajuste salarial derogado buscaba transferir un estimado de 2.460 millones de dólares anuales desde los sueldos de los empleados hacia los productores agrícolas, medida que el Ejecutivo justificó en su momento como una respuesta a las afectaciones operativas provocadas por las redadas migratorias.
Demanda sindical y argumentos de los trabajadores
La acción legal fue presentada por 18 trabajadores agrícolas en conjunto con el Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW). Los demandantes argumentaron que la reducción salarial violaba la legislación federal al deteriorar las condiciones de ingresos de la mano de obra local y favorecer la contratación de personal extranjero por montos inferiores a los estándares del mercado.
Dirigentes del UFW y trabajadores del Valle de Yakima, en el estado de Washington, señalaron que la resolución judicial frena el impacto directo sobre los empleos de la región, mientras las organizaciones sindicales prevén mantener el seguimiento a la aplicación de la nueva tabla salarial por parte del gobierno federal.
El caso inició tras la modificación de las escalas de pago anunciada por el Departamento de Trabajo en octubre. Ante la rebaja de los sueldos por hora, el sindicato UFW y un grupo de jornaleros recurrieron a los tribunales de California, lo que derivó en la sentencia judicial que invalida la medida del Ejecutivo y exige la reposición de los montos no pagados.
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