El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) informó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) completará el equipamiento con cámaras corporales en la totalidad de sus oficinas de campo en un plazo estimado de 60 días. De acuerdo con el reporte oficial emitido el 16 de julio, el 50 % de las sedes operativas ya dispone de estos dispositivos de registro, mientras que la mitad restante los recibirá durante las próximas semanas para estandarizar los procedimientos de supervisión.
El anuncio institucional se produce tras la controversia generada por cuatro incidentes armados ocurridos en lo que va del año, en los cuales agentes federales se vieron involucrados en tiroteos donde resultaron fallecidas cuatro personas. Las investigaciones preliminares señalaron que los funcionarios actuantes no portaban o no tenían activos los dispositivos de grabación al momento de los hechos. Entre los casos bajo revisión pública se encuentran los de Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis a inicios de año, el de Lorenzo Salgado Araujo en Houston el pasado 7 de julio y el de Johan Sebastián Durán Guerrero en Biddeford, Maine, ocurrido entre el 13 y 14 de julio. En los operativos de Texas y Maine, las autoridades confirmaron que los fallecidos no constituían los objetivos principales de las acciones de control en curso.
El financiamiento para la adquisición del equipamiento tecnológico, que asciende a 20 millones de dólares, fue aprobado por el Congreso en el mes de abril como parte de las partidas presupuestarias destinadas a evitar el cese de operaciones gubernamentales. Representantes del Ejecutivo y asesores en materia fronteriza de la Casa Blanca manifestaron que los procesos de compra y distribución se agilizaron inmediatamente al disponer de los recursos económicos, argumentando que el despliegue de las cámaras representa una prioridad para contrarrestar el incremento registrado en las agresiones y ataques físicos orientados hacia el personal de seguridad en las vías públicas.
En paralelo al cronograma de entrega de los equipos, las oficinas de control migratorio procedieron a la reactivación de los procedimientos de detención vehicular y paradas de tráfico, los cuales habían sido suspendidos de forma temporal debido al escrutinio legal derivado de los últimos fallecimientos. La nueva normativa interna dictamina que estos operativos en rutas públicas solo podrán ejecutarse si al menos uno de los agentes integrantes del equipo de arresto porta una cámara corporal en funcionamiento activo. Organizaciones dedicadas a la auditoría de procedimientos policiales y defensa de derechos civiles anunciaron que realizarán un seguimiento estricto al cumplimiento del plazo de 60 días, solicitando además que el material audiovisual sea de acceso público en cualquier circunstancia que involucre el uso de la fuerza institucional.
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