La administración del presidente, Donald Trump, ha anunciado la revocación del parole humanitario, una medida que impactará a cientos de miles de inmigrantes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua que residen legalmente en Estados Unidos bajo permisos especiales emitidos en 2022.
“Es un acto terrible, porque está penalizando a la gente que lo hizo todo bien”, dijo para CNN en Español, Jaime Barrón, abogado de inmigración.
Al ser interrogado sobre cuáles son las posibilidades de los beneficiarios del parole humanitario de permanecer legalmente en el país, expresó que “desgraciadamente, a menos que haya un cambio o se pare por una demanda, o tengan algún inteŕes de ayudar a la humanidad el presidente”, no hay ninguna posibilidad.
“Puede ser que todos queden indocumentados el 24 de abril, permisos de trabajo nulos y no sabemos todavía cómo va a actuar el gobierno, si va a citar a todos a ver a jun juez o les manda una carta diciendo: ‘Por favor vete del país o te vamos a buscar’, o que empiecen a detener gente”, precisó Barrón.
“Entonces, hay más preguntas que respuestas en este momento”, precisó el especialista.
Los cubanos con parole humanitario tienen ventaja sobre el resto de los ciudadanos de Venezuela, Haití y Nicaragua
“No me preocupa mucho la comunidad cubana, porque la gran mayoría se van a salvar, pero muchos de Venezuela y de los demás países tristemente sin los que más se van a meter en problemas si no hay un cambio”, aclaró el abogado.
Juez evalúa demanda contra la eliminación del parole humanitario
Un magistrado federal ha tomado en consideración los argumentos presentados en una demanda que desafía la decisión del gobierno de Trump de anular el estatus de residencia legal de más de medio millón de personas originarias de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Estas personas habían obtenido permisos de libertad condicional en Estados Unidos bajo un programa implementado por la administración Biden, reseña El Nuevo Herald.
Los representantes legales de los inmigrantes involucrados en el caso que se desarrolla en Boston han manifestado su esperanza de que la jueza federal de distrito, Indira Talwani, emita una orden de protección provisional antes de la siguiente audiencia.
“La jueza conversó con ambas partes y no indicó cómo piensa fallar, pero sí pareció preocupada por algunos argumentos del gobierno, en particular sobre cómo trataba a las personas que ingresaron legalmente a través del CHNV y otros programas de libertad condicional”, declaró Esther Sung, directora legal del Centro de Acción de Justicia, una de las organizaciones que introdujo la demanda
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