El gobierno de Estados Unidos presentó una propuesta regulatoria orientada a retirar la condición de exención fiscal a las instituciones educativas privadas y universidades que mantengan ayudas, becas o criterios de admisión basados en la raza de los estudiantes.
Alcance de la regulación propuesta por el Tesoro
La normativa planteada por el Departamento del Tesoro y el Servicio de Rentas Internas (IRS) establece que los beneficios condicionados por raza en procesos de ingreso, financiamiento, actividades deportivas o uso de instalaciones resultan incompatibles con el estatus de organización sin fines de lucro. Esta medida apunta directamente a las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).
Las estimaciones oficiales calculan que la disposición abarcará a cerca de 18.000 instituciones privadas en todo el territorio estadounidense, abarcando desde planteles de educación secundaria hasta centros de educación superior. La administración argumenta el uso de la legislación de derechos civiles bajo la premisa de que las preferencias raciales constituyen una forma de discriminación frente a otros sectores de la población estudiantil.
Excepciones y plazos de aplicación
El plan especifica que los planteles mantendrán la facultad de asistir a estudiantes desfavorecidos siempre que utilicen métricas neutrales, tales como los ingresos familiares, la ubicación geográfica o la condición de primera generación universitaria. Asimismo, las escuelas religiosas conservarán el derecho de seleccionar a sus alumnos en función de su afiliación de fe.
De superar las etapas de aprobación, el reglamento definitivo se aplicará a los años fiscales que inicien a partir del 31 de mayo de 2027, lo que otorga un margen para la adecuación normativa de los centros o para la presentación de litigios judiciales.
Reacciones del sector educativo e impacto en aportes
Representantes de organizaciones universitarias señalaron que la aplicación de esta medida generará incertidumbre legal y afectará la recepción de donaciones destinadas a fondos de becas. Portavoces de la Alliance for Higher Education y del Council of Independent Colleges indicaron que la iniciativa limita el acceso de sectores con menores recursos a la educación superior.
Paralelamente, el Departamento de Justicia mantiene investigaciones abiertas en facultades de medicina para evaluar presuntos favorecimientos en los procesos de selección. La pérdida del estatus exento de impuestos implicaría para las universidades la obligación de asumir cargas tributarias de las que estaban exentas de manera continua.
Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales
Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube
