Las compañías de telecomunicaciones enfrentan interrupciones constantes en sus operaciones por la sustracción de cables de cobre. Estos incidentes provocan cortes en telefonía e internet que afectan a millones de usuarios en distintas regiones. Las autoridades y operadores registran un incremento notable en los reportes de estos delitos durante los últimos meses.
La información fue sacada del portal web de Infobae, que detalla el impacto en infraestructuras críticas y las estrategias de mitigación implementadas.
Incidentes en servicios esenciales
Los robos causan fallos en redes que dejan sin conexión a comunidades enteras, incluyendo sistemas de llamadas de emergencia. Entre enero y junio de 2025, se registraron 9.770 casos de sabotaje en redes de comunicación, el doble del período anterior, impactando a más de ocho millones de clientes. Empresas como AT&T reportan pérdidas de 76 millones de dólares en los primeros diez meses del año.
Los operadores despliegan patrullas con sensores y geolocalizadores para vigilar cables en tiempo real, mientras instalan localizadores GPS en infraestructuras clave.
En Los Ángeles, un foco principal de estos delitos, las cortes han afectado escuelas, hospitales y hasta bases militares durante horas. Verizon y Charter ofrecen recompensas y usan cables de fibra óptica identificados para disuadir a los delincuentes.
Causas del incremento
La demanda de cobre en turbinas eólicas, vehículos eléctricos y centros de datos para inteligencia artificial ha elevado su precio a 11.146 dólares por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres.
Este valor récord, impulsado por el auge en energías renovables y tecnología, motiva tácticas sofisticadas como accesos por alcantarillas o simulacro de trabajadores. En Missouri y Kentucky se reportan ataques a sitios eólicos y arrestos en depósitos de chatarra gracias a denuncias.
Catorce estados han promulgado leyes para supervisar depósitos de reciclaje y rastrear vendedores de metal, notificando entre 10 y 15 robos diarios a bases de datos compartidos. La NCTA y la Comisión Federal de Comunicaciones clasifican estos actos como amenazas a la seguridad pública. Las transiciones a fibra óptica avanzan para reemplazar el cobre vulnerable.
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